“Tuvieron que pasar tres secretarios de Seguridad Ciudadana para que finalmente el Gobierno de Morena aceptara que sí existe cobro de piso en el estado”, señaló con firmeza la diputada local Alejandrina Corral Quintero, al reaccionar a las recientes declaraciones del general Laureano Carrillo Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, quien reconoció públicamente la presencia de este delito en la entidad.

Corral Quintero, recordó que desde marzo de 2023, cuando era parte de la pasada legislatura, presentó una iniciativa para agravar el delito de cobro de piso en el Código Penal de Baja California. No obstante, lamentó que dicha propuesta, así como su reactivación en noviembre de 2024 en la actual legislatura, no ha sido aprobada por falta de interés del grupo parlamentario de Morena, que mantiene la mayoría en el Congreso local.

“No sé si celebrar que por fin aceptó este gobierno de Morena que sí existe cobro de piso en la entidad, o lamentar que tuvieron que pasar tres titulares en la Secretaría de Seguridad y que muchos ciudadanos hayan perdido su patrimonio, hayan cerrado negocios o incluso hayan sido privados de su libertad o de la vida por no pagar piso”, expresó la legisladora local de Acción Nacional.

La diputada destacó que la iniciativa busca endurecer las penas para quienes cometan este tipo de extorsiones, así como establecer mecanismos más ágiles de protección a las víctimas, en su mayoría comerciantes pequeños y familias del Valle de Mexicali, donde recientemente se ha documentado el recrudecimiento de estas prácticas delictivas.

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Corral Quintero sostuvo que el reclamo social sobre el “cobro de piso” no es nuevo, y que desde hace casi cuatro años han recibido denuncias ciudadanas que alertaban sobre esta forma de extorsión, sin que se les diera atención o credibilidad desde las esferas oficiales.

Ante la confirmación oficial del delito por parte del actual secretario de Seguridad, la legisladora hizo un llamado al Congreso del Estado para que retome y apruebe su iniciativa, ya que considera que ahora existe el contexto político y social para avanzar en una legislación que blinde a los comerciantes y emprendedores locales.

“Espero que ahora sí las y los diputados actúen con responsabilidad y voluntad política para aprobar esta reforma. Es momento de dejar de mirar hacia otro lado y atender con seriedad un delito que daña profundamente a nuestra comunidad”, concluyó.