La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) refrendó su compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Tijuana durante la firma de un convenio para fortalecer la promoción, capacitación y protección de los derechos humanos en la ciudad. El acto fue encabezado por el ombudsperson Jorge Álvaro Ochoa y el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

Durante su mensaje, Ochoa destacó que esta firma no representa el inicio del trabajo conjunto, sino la formalización de una colaboración que ya se viene dando desde el inicio de la administración municipal. “La Comisión no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, pero eso no impide que trabajemos en conjunto en favor de la ciudadanía”, recalcó.

El presidente de la CEDHBC reconoció públicamente la disposición del gobierno de Tijuana para atender de manera pronta las recomendaciones emitidas por la Comisión, lo cual, dijo, no siempre ocurre en otros municipios. 

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Como ejemplo, mencionó dos casos específicos: la recomendación 3 del 2024, emitida durante la administración anterior por violaciones al derecho a la ciudad, y una recomendación más reciente relacionada con la atención a una mujer trans violentada por elementos municipales.

“Uno de los puntos recomendatorios era la actualización del Atlas de Riesgo de Tijuana, que tenía más de 10 años sin actualizarse. Hoy, ese Atlas ya está vigente. También se colocaron rejas y señalamientos en zonas de alto riesgo por corrientes de agua, como en el caso de una mujer que perdió la vida cerca del Campestre”, relató Ochoa.

Sobre el segundo caso, subrayó que se están capacitando a grupos de 60 elementos de la Policía Municipal en temas de derechos humanos de la comunidad LGBT+, con la meta de alcanzar a 900 agentes para noviembre de este año. “Una cosa es aceptar las recomendaciones y otra muy distinta es cumplirlas. En este caso, se está cumpliendo”, expresó.

El convenio firmado establece mecanismos de colaboración en materia de capacitación, difusión y fortalecimiento institucional con enfoque interseccional, intercultural y de género. “Este acto no es solo simbólico, sino una herramienta jurídica que nos permitirá ejecutar estrategias conjuntas para promover una verdadera cultura de derechos humanos en Tijuana”, concluyó el ombudsperson.