El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) advirtió que solo tres rutas de la empresa concesionaria Calfia tienen autorización para cobrar una tarifa de 16 pesos, por lo que ha iniciado operativos de inspección que derivaron en más de 50 sanciones aplicadas esta semana.

De acuerdo con el titular del organismo, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, las sanciones se deben tanto a cobros indebidos como a modificaciones arbitrarias en los recorridos, que afectan directamente a las personas usuarias al obligarlas a transbordar y pagar doble para llegar a su destino.

Las únicas rutas con autorización vigente para aplicar una tarifa de 16 pesos son:

    •    5 y 10 – Díaz Ordaz – Cañón del Sainz – Urbi Villas del Prado – Industrial Otay – Ciudad Natura – Hacienda Las Delicias – Valle Bonito.

    •    La Gloria – El Tecolote – Mariano Matamoros.

    •    Salvador Rosas Magallón – Las Brisas – Zapata – Reforma – Calle 34 Sur – Díaz Ordaz.

El resto de las rutas debe mantener el cobro de 14 pesos, tarifa que, según la propia empresa, sigue aplicándose en el 80% de sus unidades, con excepción de los camiones grandes y nuevas unidades. Las tarifas preferenciales de 7 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad también permanecen vigentes.

Acuerdo con el Ayuntamiento y evolución del sistema

La tarifa de 14 pesos es resultado de un estudio técnico elaborado en 2017 durante el gobierno municipal de Juan Manuel Gastélum, el cual proponía tarifas diferenciadas por empresa y por ruta. Aunque algunas líneas estaban autorizadas para cobrar hasta 18 pesos, Calfia hizo un compromiso verbal con el Ayuntamiento de no aumentar su tarifa para no afectar a los usuarios, optando por mantenerla en 14.

Cabe señalar que, a pesar del incremento significativo en los costos operativos desde entonces como el aumento del salario mínimo de aproximadamente 80 a 421 pesos diarios, el precio del diésel cercano a los 25 pesos por litro y el alza en refacciones y unidades, la empresa ha conservado su tarifa baja en la mayoría de sus rutas.

De lo municipal a lo estatal

En 2019, durante el gobierno de Jaime Bonilla, el control del transporte público pasó del Ayuntamiento al Estado, lo que dio origen al IMOS. Esta transición fue impulsada por los propios transportistas debido a la proliferación de placas irregulares y la falta de control municipal, además del deseo de establecer proyectos con visión a seis años, en lugar de los cambios cada tres años derivados de los ciclos de gobierno municipal.

Pese al cambio de autoridad, los acuerdos firmados antes del traspaso, como las concesiones emitidas en 2016 con vigencia de 30 años, siguen siendo reconocidos por el IMOS, aclaró Gutiérrez Topete.

El funcionario estatal reiteró que los operativos continuarán mientras persistan las prácticas indebidas por parte de la empresa concesionaria.

“Estamos actuando con base en denuncias ciudadanas. Solo esta semana recibimos 73 reportes de usuarios a través de los canales de contacto del instituto. Por eso hemos estado sancionando tanto el cobro no autorizado como los recorridos incompletos”, finalizó.