Comisión de Justicia aprueba reformas al Código Penal y ley contra la violencia familiar en Baja California
CALI - BAJA
11-06-2025
Foto:Cortesía
Publicado: 11-06-2025 19:29:41 PDT
En materia de violencia familiar, la Comisión también aprobó una propuesta de la diputada Montse Murillo López
En sesión celebrada en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, aprobó por unanimidad cuatro iniciativas de reforma legal que fortalecen el marco jurídico estatal en materia penal y de protección familiar.
Entre los dictámenes avalados destaca una reforma al artículo 201 del Código Penal, impulsada por la propia diputada Peñaloza, que busca delimitar con mayor precisión las penas por robo, ajustando el castigo según el monto sustraído. La modificación establece que, si el valor de lo robado no excede 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la pena será de seis meses a tres años de prisión y una multa equivalente a cien veces la UMA.
Otra reforma aprobada fue la presentada por el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, que modifica el artículo 245 del Código Penal para tipificar como delito el uso de objetos punzocortantes como estrellas metálicas, abrojos o púas colocados intencionalmente en la vía pública para dañar neumáticos y facilitar la comisión de otros ilícitos. Estos objetos serán ahora considerados armas prohibidas.
En materia de violencia familiar, la Comisión también aprobó una propuesta de la diputada Montse Murillo López para reformar los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. La iniciativa incorpora la modalidad de violencia patrimonial, ampliando así la protección legal para las víctimas dentro del núcleo familiar.
Finalmente, se dio luz verde a una adición al Código Penal propuesta por la diputada Gloria Arcelia Miramontes. Esta reforma crea el artículo 229 Bis y endurece las penas para quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones que afecten edificios habitados, escuelas, archivos públicos u otras instalaciones sensibles. Las penas irán de cinco a diez años de prisión, y podrán incrementarse hasta en una tercera parte si los actos se cometen en áreas naturales protegidas bajo jurisdicción estatal o municipal.
Además de la diputada Peñaloza, participaron en la sesión los legisladores Humberto Valle, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina, así como representantes del Poder Judicial, Ejecutivo y de la Consejería Jurídica. También se presentó un informe sobre las iniciativas turnadas a esta Comisión y se aprobó el acta de una sesión anterior.
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