Una fuerte polémica se ha desatado en Baja California luego de que se diera a conocer que los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC) se habrían autoasignado una indemnización millonaria para el momento en que concluyan su encargo, sin que esta hubiera sido previamente contemplada en las normativas oficiales.

La medida, que presuntamente fue aprobada en diciembre del 2024 pero no se dio a conocer públicamente sino hasta junio de 2025, tras las elecciones judiciales, involucra la firma de los magistrados Carola Andrade Ramos, Jaime Vargas Flores y el magistrado en funciones Germán Cano Baltazar.

Ante la controversia, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que ya se estableció comunicación con las y los integrantes del tribunal para revisar y ajustar las disposiciones que dieron origen a esta prestación.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, confirmó que sostuvo una reunión de acercamiento con las y los magistrados electorales para analizar la situación desde una perspectiva legal y administrativa.

“Revisamos lo que, desde el punto de vista del Gobierno del Estado, deben ser políticas claras y conforme a la ley, relacionadas con las prestaciones laborales. La discusión también abarca el rol de los magistrados como patrones en este tipo de decisiones”, explicó Álvarez Cárdenas.

El gobierno estatal subrayó que se trabaja en armonía con la política nacional en materia de austeridad y racionalidad del gasto público, por lo que resulta preocupante que se aprueben bonificaciones económicas sin justificación clara ni conocimiento público previo.

La falta de transparencia en la publicación del acuerdo, que permaneció sin difundirse durante varios meses, ha generado inquietud en sectores políticos y sociales, especialmente por haberse hecho pública después de concluido el proceso de elección judicial.

Diversas voces dentro del Congreso local ya han pedido una revisión detallada del acuerdo aprobado por los magistrados y no se descarta que pueda ser revocado o impugnado si se comprueba que contraviene disposiciones legales o principios de austeridad.