La reciente reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente en revisión por el Senado, representa un retroceso para los derechos de los trabajadores, advirtió la especialista en pensiones y aportaciones, Mirna Cosío Hernández.

La iniciativa presentada por un legislador de Puebla plantea limitar los retiros por desempleo a un máximo de 10 UMAs mensuales, lo que equivale aproximadamente a 33 mil pesos, independientemente del salario del trabajador. Cosío explicó que actualmente una persona con un sueldo diario de 600 pesos puede acceder a montos cercanos a los 40 o 45 mil pesos en caso de desempleo, por lo que la nueva medida representa una reducción considerable en el apoyo que puede recibir en uno de los momentos más críticos de su vida laboral.

“Se supone que esta iniciativa busca frenar los abusos de despachos y tramitadores que cobran de más por hacer estos retiros, pero en realidad no establece ninguna regulación sobre ellos. Quien termina siendo afectado es el propio trabajador, al limitarle el acceso a su propio dinero”, señaló.

Te puede interesar: Maestros del SIETEBCJV exigen trato digno y equitativo en el Palacio Municipal

Cosío también enfatizó que los fondos en las Afores pertenecen exclusivamente al trabajador y no al gobierno. “No es un fideicomiso ni una ayuda asistencial, es dinero que ya hemos trabajado y por ley podemos disponer cuando lo necesitamos, como en el caso del desempleo”, apuntó.

Otro punto crítico que la reforma no atiende, advirtió, es el descuento de semanas cotizadas que se aplica al momento de realizar un retiro por desempleo, afectando directamente el historial laboral del trabajador. “Ahí está el verdadero perjuicio. La iniciativa no modifica esa parte de la ley de 1997, por lo tanto, el trabajador sigue perdiendo semanas aun cuando retire su propio dinero”, dijo.

Para Cosío Hernández, la reforma debe ser replanteada desde un estudio más profundo, con enfoque en corregir las distorsiones que afectan al trabajador, en lugar de castigar su derecho a disponer de sus recursos. “Nadie nos tiene por qué limitar a disponer de un dinero que es de nosotros”, sentenció.