Esta mañana, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Jorge Álvaro Ochoa, destacó la relevancia de la libertad de expresión como un derecho fundamental, subrayando que debe ser respetado y garantizado por el Estado.

Durante su intervención, explicó que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió como respuesta a los numerosos casos de violencia registrados en México contra estos sectores. La legislación, publicada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, está dirigida a periodistas y activistas, al reconocer su labor como promotores de derechos humanos.

Ochoa Orduño señaló que lo ideal sería no depender de mecanismos extraordinarios de protección, pues su existencia refleja una deuda histórica del Estado con quienes ejercen estos derechos.

Añadió que es obligación de las autoridades garantizar la vida y seguridad de las personas que enfrentan riesgos por ejercer su libertad de expresión o defender causas sociales.

Desde el inicio de su gestión al frente de la CEDH en Baja California, al menos 15 personas, entre periodistas y defensores de derechos humanos, han activado el protocolo contemplado en la ley. Finalmente, el ombudsman llamó a reflexionar sobre las causas de la violencia, enfatizando que persiste una grave deuda en materia de sanciones dentro del sistema de justicia mexicano.