La profesora Lorena Guadalupe Torres Castro, actual suplente en el Comité Estatal del dirigente magisterial Héctor Miguel Lara Ochoa y quien representa la coordinación ante el Sistema Educativo Municipal, advirtió que los protocolos escolares, aunque bien definidos en papel, presentan vacíos importantes en cuanto a los límites de responsabilidad de los docentes, especialmente en situaciones donde intervienen padres de familia o autoridades externas.

“Los protocolos marcan una línea de actuación con un seguimiento específico”, explicó Torres Castro, “pero lo que no está considerado es hasta dónde llega nuestra responsabilidad como docentes y en qué momento deben asumirla los padres o las autoridades educativas”.

La maestra refirió un caso reciente donde un maestro enfrentó represalias tras un accidente escolar, a pesar de haber actuado conforme al protocolo establecido. Este caso, dijo, “funcionó” solo en papel, pero evidenció las fallas del sistema en la práctica, ya que se intentó responsabilizar al docente por situaciones fuera de su control.

Torres Castro recalcó que el flujo de actuación está bien definido en los manuales, pero los tiempos de respuesta de los padres y las instancias externas —como clínicas, fiscalías o autoridades de atención— complican su correcta aplicación.

“Lo que ya se sale de nuestras manos es, por ejemplo, cuándo un menor da a conocer un hecho, cuánto tarda el padre de familia en acudir a la escuela y cuánto tiempo pasa antes de que el menor sea atendido por las instancias correspondientes”, subrayó.

El llamado, dijo, es a revisar a fondo estos protocolos desde una visión práctica, considerando la realidad que enfrentan las y los docentes en las aulas. También urgió a delimitar claramente las responsabilidades compartidas entre escuela, familia e instituciones para evitar injusticias y garantizar la seguridad de los menores sin exponer al magisterio.