Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante, advirtió que la organización atraviesa una crisis económica desde principios de 2024, lo que ha obligado al cierre de su área de litigio. A pesar de ello, continúan ofreciendo asesoría a defensores de derechos humanos para acompañar casos de personas en situación de movilidad. La activista subraya que esta situación no es aislada, sino parte de una problemática general que afecta a diversas organizaciones civiles en el país.

Zamudio explicó que, actualmente, las personas migrantes están menos presentes en la frontera norte, debido a que las deportaciones se realizan directamente al sur del país en coordinación entre gobiernos. A esto se suma el cierre fronterizo, que ha limitado gravemente las oportunidades para solicitar asilo. Esta combinación de factores ha generado un entorno de incertidumbre, ansiedad y afectaciones psicológicas para la población migrante, que ahora enfrenta aún más barreras para acceder a apoyo institucional y legal.

Frente a este panorama, Alma Migrante ha reforzado su colaboración con otras organizaciones para mantener activa la incidencia en derechos humanos mediante conferencias de prensa, protestas sociales y actividades colectivas. Finalmente, Zamudio hizo un llamado a las autoridades para establecer proyectos conjuntos con defensores de derechos humanos: “Las organizaciones tenemos no solo la facultad, sino el derecho de vigilar que se cumpla la ley. Urge dejar atrás los discursos y trabajar coordinadamente en soluciones reales”, enfatizó.