La reciente muerte del niño Damián en una escuela primaria de esta ciudad no sólo ha sacudido a la comunidad educativa de Baja California, sino que ha encendido un debate urgente sobre la eficacia de los protocolos escolares de actuación ante emergencias.

El caso tomó un nuevo giro legal cuando el maestro Esteban Canchola fue declarado culpable por el delito de omisión de auxilio, una sentencia que más allá de la condena penal ha dejado entrever la fragilidad del sistema de respuesta dentro de las instituciones educativas. La condena ha sido vista por muchos docentes como un mensaje preocupante, que podría tener repercusiones en la manera en que el personal actúa ante futuras emergencias.

Ante la indignación de padres de familia, quienes califican los actuales protocolos como fallidos e inoperantes, la Secretaría de Educación del Estado reconoció públicamente que estos lineamientos requieren una revisión urgente, basada en la experiencia real de quienes enfrentan el día a día en las aulas.

“Yo entiendo que el tema de los protocolos pues es perfectible, que hay algunas situaciones que nos faltan. Por eso estamos haciendo mesas de trabajo con todos los actores, para recibir de ellos sus inquietudes y sugerencias para mejorarlo,” declaró Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación en Baja California.

La preocupación que prevalece entre los maestros va más allá del cumplimiento burocrático. Según testimonios, muchos docentes se sienten atrapados entre seguir un protocolo que puede ponerlos en riesgo personal o actuar según su criterio profesional y enfrentar sanciones.

“Como maestro sabes que si levantas un protocolo, al maestro, al directivo, los pones contra la espalda y la pared. ¿Por qué? Porque dices: si lo levanto tan fuerte, puedo tener una agresión contra mí, contra mi familia, por parte de la comunidad,” advirtió Gerardo Veloz, docente de escuela primaria.

El malestar también se percibe entre padres de familia. Algunos manifiestan desconfianza hacia los cambios en los protocolos, al considerar que estos han limitado el papel del personal escolar en la atención inmediata de los menores.

“Yo no estoy de acuerdo, sé que me están cambiando el protocolo, pero no estoy de acuerdo. Si yo todo el tiempo le he dejado a los maestros, a la consejera, a ellos dentro. Le llamen la atención como se la llamen. Para eso son profesionales ellos. Y entonces empezaron a poner muchas trabas a los maestros. Yo nunca he estado de acuerdo,” expresó Bertha Ruíz, madre de familia.