El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en Tijuana continúa analizando la eliminación total del pago en efectivo en el transporte público. Su director, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, indicó que aún se estudia el momento más oportuno para llevar a cabo esta medida, que forma parte del proceso de modernización del sistema. La decisión se tomará de forma conjunta, considerando las evaluaciones mensuales que realiza la empresa operadora.

Con el objetivo de conocer la forma de pago más utilizada por los pasajeros, se está llevando a cabo un estudio de aforo en las unidades, que permitirá determinar cuántos usuarios usan la tarjeta, el código QR y cuántos todavía optan por el efectivo. Este análisis se entregará el 30 de agosto a la empresa operadora y posteriormente al IMOS, y será una herramienta clave para avanzar en la implementación del sistema electrónico.

Una de las fechas que se barajan para concretar este cambio es el regreso a clases, momento en que aumenta considerablemente el uso del transporte por parte de estudiantes. Por esta razón, IMOS colabora con la Secretaría de Educación, Bienestar y centros educativos ubicados en el bulevar Agua Caliente, para garantizar que los alumnos de nuevo ingreso cuenten con su tarjeta de movilidad.

Además, Gutiérrez Topete señaló que se han detectado irregularidades en el manejo de efectivo por parte de algunos conductores, por lo que ya se han presentado denuncias legales. Aseguró que existen más de 120 mil tarjetas disponibles, descartando que la falta de estas pueda ser una excusa para no adoptar el nuevo sistema.

Sin embargo, las declaraciones del titular de IMOS no cayeron bien entre los choferes, especialmente tras insinuar que algunos se han quedado con el dinero de los pasajes. Uno de los conductores, que prefirió mantener el anonimato, expresó su inconformidad: “Es una falta de respeto que nos llamen rateros, como si todos hiciéramos lo mismo. No somos ladrones, somos trabajadores”, afirmó visiblemente molesto.

El proceso hacia el pago digital sigue su curso, pero las tensiones entre autoridades y operadores evidencian que aún hay aspectos por resolver para lograr una transición armoniosa.