La mañana de este lunes, una madre tijuanense alzó la voz contra lo que calificó como un nuevo episodio de violencia institucional y abuso de poder por parte de autoridades del sistema judicial de Baja California. En el centro de la denuncia está la lucha por la custodia de su hija menor, de nueve años, quien ha sido víctima de abusos desde los tres años por parte de su padre, hoy libre y sin consecuencias legales.

“La justicia no solo me ha fallado a mí, le ha fallado a mi hija y a todas las infancias que hoy están desprotegidas”, denunció la madre de Aranza, visiblemente afectada. La mujer relató que el pasado 28 de julio fueron nuevamente revictimizadas por funcionarios judiciales, en especial por el actuario Óscar Ledezma, quien habría llegado de forma prepotente, sin identificarse, y acompañado de abogados y colaboradores del padre, Federico Buch, señalado como el agresor de la menor.

“La jueza Magaña ha emitido resoluciones sin considerar las carpetas penales existentes, y se le ha visto brindando asesorías jurídicas a colectivos de hombres, lo cual evidencia graves conflictos de interés. El Poder Judicial protege al abusador y deja en desamparo a mi hija”, sostuvo la madre.

En su testimonio, agregó que desde hace siete años lucha por proteger a su hija. “El lunes pasado, mi hija salió temblando, sangrando de la nariz del miedo, diciendo: ‘Mi papá va a llegar y me va a llevar’. Es inaceptable que una niña viva con ese terror mientras su agresor goza de libertad”, expresó entre lágrimas.

Posteriormente, Samantha Sesma, cofundadora del Colectivo SESODI (legalmente constituido como ISARRALE A.C.), respaldó el testimonio y exigió al Poder Judicial de Baja California tomar medidas urgentes para proteger a la niñez y a las madres que enfrentan este tipo de procesos.

“Estamos aquí porque estamos cansadas del abandono institucional. Hace meses se ingresó un exhorto para crear salas especializadas para la escucha de niñas y niños en procesos judiciales, y a la fecha no hemos recibido respuesta”, denunció Sesma. “Lo que vemos son múltiples inconsistencias en los casos. Las madres enfrentan no solo a sus agresores, sino también a un sistema que no las escucha”.

Ambas mujeres hicieron un llamado firme y urgente a los jueces que próximamente asumirán funciones en la entidad, pues piden que: “Actúen con perspectiva de género. Protejan a la infancia. No es justo que los abusadores sigan amparados por el sistema”, exigieron.

A pesar de todo, la madre asegura que ya no teme por su seguridad, pues ha denunciado con anterioridad diversas situaciones que ha enfrentado. Lo único que desea es que a su hija menor se le haga justicia, la cual como ya se leyó se le ha negado desde hace siete años.