En Baja California, alrededor de 15 mil jóvenes podrían quedarse sin un lugar en preparatoria este ciclo escolar, de acuerdo con cifras señaladas por el Partido Acción Nacional (PAN) y datos del portal de Transparencia.

La oposición y padres de familia advierten que la falta de infraestructura y presupuesto está dejando a miles de estudiantes sin acceso a la educación media superior, pese a que la ley establece su gratuidad desde 2011.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta estatal del PAN, recordó que la gratuidad de la preparatoria surgió hace 14 años como una iniciativa aprobada por mayoría en el Congreso y respaldada en su momento por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, quien destinó recursos para garantizar su implementación.

Sin embargo, acusó que las administraciones posteriores no han dado continuidad a la creación de nueva infraestructura y que el actual gobierno estatal no ha implementado siquiera un programa emergente para atender la demanda.

“Hoy ni siquiera tenemos un programa emergente, ni infraestructura, ni atención a los jóvenes. Lo que queremos es una respuesta inmediata, porque en verdad es una cantidad impresionante la que se está quedando sin preparatoria. Qué fácil es decir que acompañan con apoyos sociales cuando la realidad es otra”, señaló Mata Lozano, quien también relacionó la crisis educativa con problemas de seguridad y salud pública.

La preocupación también se extiende a las familias, especialmente las de menores recursos. Rosario, madre de familia y colaboradora en la pastoral social de la Arquidiócesis de Tijuana, pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda atender de manera urgente el problema. “Que voltee a ver a las familias de escasos recursos. No han hecho ninguna aula y trabajamos con madres que no tienen ni para lo más necesario. Ya vemos todo esto como una situación muy fuerte… si se dedicó a ser gobernadora, que cumpla con Baja California”, expresó.

Los panistas y ciudadanos coinciden en que el déficit de espacios podría tener consecuencias a largo plazo, incrementando el riesgo de que jóvenes sin acceso a la educación caigan en situaciones de vulnerabilidad frente al crimen organizado, el trabajo informal y la exclusión social.