La diputada local del Distrito 11 y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Baja California, Evelyn Sánchez, señaló que la actualización de la Ley de Participación Ciudadana depende directamente de la comisión que encabeza la diputada Mayola y que es responsabilidad de su presidenta impulsar el tema. “Si la presidenta no mueve el tema, pues ahí sí no podemos estar por su propia investidura”, dijo.

Sánchez destacó que recientemente la Comisión de Gobernación aprobó la revocación de mandato, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina, y que se espera sea discutida en el Pleno en la próxima sesión. Consideró importante que los presidentes de comisiones atiendan temas pendientes y permitan que las iniciativas avancen al Pleno para su votación.

En materia indígena, informó que presentó una iniciativa para crear una fiscalía especializada en asuntos indígenas, que actualmente está en revisión presupuestal y podría aprobarse en diciembre. Además, exhortó a los alcaldes para que las coordinaciones de asuntos indígenas en los municipios se eleven a rango de dirección, con presupuesto propio, recordando que algunos ayuntamientos, como Mexicali, llevan años sin atender este cambio.

La legisladora también habló sobre el Plan de Justicia para San Quintín, que será coordinado con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y autoridades tradicionales. Explicó que los recursos del fideicomiso irán directamente a estas autoridades y no a los gobiernos municipales, buscando garantizar su uso en beneficio directo de las comunidades.

Finalmente, reconoció que existe un reto pendiente, el cual es registrar y reconocer a las autoridades de pueblos indígenas asentados en Baja California, como triquis, zapotecos, mixtecos y tzotziles, para que también sean beneficiados con apoyos y programas. Su objetivo es que, para 2026, todas estas autoridades cuenten con su constancia oficial como representantes tradicionales.