El Congreso del Estado de Baja California aprobó la figura de revocación de mandato, un mecanismo de participación ciudadana que permitirá a los votantes decidir si un gobernante debe concluir o no su periodo, fortaleciendo así la rendición de cuentas en Baja California.

De acuerdo con la reforma, el proceso podrá ser convocado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), siempre que se logre reunir al menos el 10% de firmas de la lista nominal, distribuidas en la mitad más uno de los municipios de la entidad.

Para que la revocación tenga validez, será necesario que participe al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Además, la solicitud solo podrá realizarse una vez por periodo constitucional, dentro de los tres meses posteriores al tercer año de gobierno. La jornada de votación deberá llevarse a cabo en una fecha distinta a los procesos electorales ordinarios.

La aprobación de esta figura ha generado diversas opiniones entre los mexicalenses, quienes la consideran una herramienta que da voz al pueblo y la oportunidad de exigir resultados a las autoridades.

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Norma Alicia Valenzuela opinó que este recurso es positivo siempre que el gobernante no cumpla con su labor.

“Está bien, pues si no se hace el trabajo como debe ser, sí merece una revocación. Me imagino que sí, está bien. Si no hace su trabajo como debe ser, cuando se venza un plazo debe de darse la oportunidad a alguien que si quiere hacer las cosas y trabajar para la gente.”

“Es algo bueno ya que esta vez se le dará posibilidad a la mayoría del voto del pueblo, para poder elegir un nuevo gobernante. Pues mientras se escuche lo que serían las opiniones de las personas, del pueblo, más que nada hacer mejoras en lo que es la ciudad,”, comentó Briseida, destacando que la medida permitirá a la ciudadanía tener mayor peso en las decisiones políticas y exigir mejoras en la ciudad.

Con este nuevo instrumento legal, los ciudadanos de Baja California contarán con un mecanismo adicional para evaluar a sus representantes y ejercer un mayor control sobre el desempeño de quienes ocupan cargos públicos.