A poco más de un mes de que entrara en vigor la reforma conocida como “Ley Silla”, representantes del sector empresarial en Mexicali han manifestado preocupación por lo que consideran una aplicación apresurada y con vacíos legales que generan incertidumbre en las empresas y comercios de la capital.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Mexicali, Antonio Villa, comentó que si bien la intención de la norma es garantizar mejores condiciones laborales, existen múltiples dudas sobre su alcance real y la manera en que debe cumplirse.

“En cuanto a la Ley Silla, consideramos que fue prematura su aplicación y la legislación como tal. Vemos muchas fallas, hay muchas dudas sobre a quién aplica y a quién no aplica. Algunos especialistas hablan de que los descansos equivalen al 10% de la jornada laboral, mientras que otros estiman que podría representar hasta el 25%. Con esta disparidad de criterios es evidente que falta un reglamento claro que defina los casos específicos”, señaló el dirigente.

Explicó que, en su origen, la Ley Silla fue concebida para proteger a empleados que permanecen de pie durante las ocho horas de su jornada, como quienes atienden cajas registradoras. Sin embargo, en su redacción final la norma quedó “tan laxa” que prácticamente se extiende a cualquier trabajador que deba mantenerse de pie por periodos prolongados, lo que complica su aplicación en sectores con actividades mixtas, como supermercados y tiendas de autoservicio.

El líder empresarial subrayó que ya se han acercado a la autoridad laboral para pedir aclaraciones y lineamientos específicos que permitan cumplir la ley sin afectar la operación de los comercios.

Desde el 17 de julio, la Ley Silla está en vigor en Baja California, con el objetivo de transformar las condiciones laborales y garantizar que los trabajadores no permanezcan de pie durante toda su jornada, promoviendo pausas para descanso y mayor dignidad en el empleo.

Mientras tanto, empresarios locales continúan a la espera de aclarar las dudas que han surgido y analizar la manera en que deberán aplicarse las disposiciones, a fin de evitar interpretaciones que puedan generar conflictos laborales o sanciones.