El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas del Estado, con el objetivo de que tanto personas físicas como morales estén obligadas a presentar la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) antes de participar, ser adjudicadas o formalizar contratos en procedimientos de contratación de obras públicas.

El legislador advirtió que la falta de mecanismos adecuados para verificar a los proveedores ha generado un terreno fértil para prácticas de corrupción, sobrecostos y adjudicaciones discrecionales. Recordó que estudios especializados señalan incrementos de entre 17 % y 36 % en licitaciones, así como que más de la mitad de los contratos se otorgan por adjudicación directa o con ofertantes únicos.

Vázquez Valadez subrayó que la contratación de obra pública es una de las áreas más sensibles en la administración de recursos del Estado, por lo que la transparencia en la selección de proveedores no debe ser opcional, sino obligatoria. Destacó que la opinión positiva del SAT es un documento oficial que acredita que el proveedor está al corriente en sus obligaciones fiscales y que cuenta con buena reputación ante la autoridad tributaria.

La propuesta, que reforma el artículo 38 de la legislación vigente, busca profesionalizar los procesos de contratación pública y garantizar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía. “La ética, integridad y el respeto a los derechos de todas y todos son nuestra bandera. No habrá filias ni fobias, ante todo, la imparcialidad y la justicia”, enfatizó el diputado.