En Tijuana, la implementación de la tarjeta de transporte ha generado visiones encontradas. Por un lado, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), considera que la transición al pago electrónico es inminente y traerá ventajas, especialmente para estudiantes que podrán acceder de forma clara y directa a descuentos. Por otro, Ivonne Hernández, de la Liga Peatonal, advierte que el sistema puede derivar en exclusión y en un trato desigual para sectores vulnerables.

Gutiérrez Topete explicó que la primera ruta en migrar será la de Agua Caliente, donde se espera que, al coincidir con el regreso a clases, los alumnos gocen del 50% de descuento sin tener que discutir con los choferes. Detalló que ya un 40% de usuarios utiliza la tarjeta y que la empresa operadora ha solicitado 120 mil plásticos para garantizar abasto. Además, adelantó que tras Agua Caliente se incorporarán dos rutas alimentadoras, con la expectativa de ampliar el sistema de manera gradual hasta tener una tarjeta única para la ciudad.

El director de IMOS precisó que la adopción se está realizando con pasos cautelosos, debido a que un error en la distribución de tarjetas o fallas en la recarga podría generar rechazo ciudadano. También reconoció que hubo casos de mal uso por parte de choferes, como el de un conductor que empleaba una tarjeta de estudiante hasta 72 veces al día. “Lo importante es que las tarjetas estén en manos de los usuarios y no solo de los choferes”, señaló.

En contraste, Hernández sostuvo que, si bien la tecnología puede facilitar pagos, la forma en que se aplica actualmente “condiciona a la gente”. Denunció que estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad han sido rechazados en unidades por usar tarifas reducidas o por requerir mayor esfuerzo en su traslado. Para la Liga Peatonal, estas prácticas reflejan un problema estructural que afecta la equidad en la movilidad.

La activista añadió que, además de la cuestión técnica, es necesario revisar los conceptos desde los que se abordan las políticas públicas. Insistió en que no debe hablarse de “accidentes viales” sino de siniestros de tránsito, porque los atropellamientos y choques son hechos repetitivos que obedecen a patrones y a decisiones de planeación. En su opinión, las autoridades carecen de experiencia en movilidad y deberían escuchar a especialistas y organizaciones sociales.

De este modo, mientras que el IMOS promueve el pago electrónico como un paso hacia la modernización del transporte y la reducción de conflictos en el servicio, la Liga Peatonal insiste en que la medida debe analizarse en conjunto con la accesibilidad, la equidad y la seguridad vial. El debate refleja las tensiones entre la urgencia de actualizar el sistema y la necesidad de garantizar que nadie quede excluido en el proceso.