Mexicali, Baja California.- El diputado del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Jorge Ramos Hernández, condenó enérgicamente la agresión de la que fue víctima el periodista mexicalense Jorge Heras, al tiempo que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades competentes dar con los responsables y aplicar sanciones ejemplares.

Te puede interesar: MEXICALI: Policía municipal confirma la detención de uno de sus agentes por caso Jorge Heras

“En cualquier agresión que se cometa contra un comunicador debe ser condenada, y no solamente en la parte política, sino también que la Fiscalía General del Estado y las autoridades den con los responsables y apliquen sanciones ejemplares. Jorge Heras es un compañero de los medios que se ha destacado por ser un periodista serio, crítico, y no debe apagarse la versión crítica y la opinión de ningún comunicador aquí en nuestro estado”, expresó Ramos Hernández.

El legislador subrayó que la libertad de prensa y el ejercicio crítico del periodismo son pilares fundamentales en una sociedad democrática, por lo que actos de violencia contra comunicadores no deben quedar impunes.

Te puede interesar: MEXICALI: Periodista Jorge Heras acusa omisiones de la FESC y Secretaría de Seguridad tras agresión

Respecto a la supuesta participación de un elemento policiaco municipal en activo en la agresión, Ramos Hernández señaló que se mantendrá vigilante de la investigación, y advirtió que no puede haber cabida para criminales dentro de las corporaciones de seguridad.

“Tu servidor siempre ha dicho que no hay política de seguridad pública que funcione si los criminales están uniformados dentro de la policía. Tenemos que seguir con la depuración policíaca y marcar una distancia clara entre criminales y servidores públicos de la seguridad. De confirmarse sería muy lamentable”, puntualizó.

El diputado informó que trabaja en una iniciativa de reforma legal que busca establecer un agravante para aquellos elementos de seguridad; ya sea policías municipales o investigadores de la Fiscalía, que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se involucren con la delincuencia. La propuesta plantea elevar las penas a uniformados que traicionen la lealtad y el compromiso de garantizar la seguridad pública.