La reciente elección de jueces y magistrados, tanto federales como estatales, abrió un nuevo capítulo en la historia del sistema de justicia mexicano. A partir de este mes, los titulares de los juzgados comienzan a despachar con la legitimidad que otorga el voto ciudadano, un hecho inédito que genera esperanza, pero también dudas en el gremio jurídico.

Para Gina Villalobos, presidenta de la Barra Estatal de Abogadas y Líderes de Baja California, el reto no se limita al acto electoral, sino a lo que viene después: la consolidación de una justicia pronta, imparcial y técnicamente solvente.

“Estamos en un punto de transición. El sistema ya cambió de raíz al elegir a los juzgadores por voto, pero la curva de aprendizaje será dura y debemos asegurarnos de que ese cambio no genere rezagos en perjuicio de la gente”, advirtió.

Villalobos destacó que la elección popular abre la puerta a que lleguen al cargo perfiles sin carrera judicial, lo cual exige un esfuerzo extraordinario de capacitación.

“El Tribunal Superior está preparando a los nuevos jueces, pero la responsabilidad recae en todos: en los colegios de abogados que debemos estudiar el doble, y en los secretarios de estudio y cuenta que sostendrán gran parte de la operación cotidiana”, señaló.

El panorama se complejiza con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en Baja California arrancará en Playas de Rosarito. La oralidad de los juicios será ahora la norma, lo que obliga a un cambio cultural en la forma de litigar.

“Al final, el voto ciudadano da legitimidad, pero la verdadera legitimidad la ganarán los jueces en la práctica, con sentencias bien fundamentadas y un trato justo hacia los justiciables”, remató Villalobos, subrayando que el reto será monumental tanto para los tribunales como para la sociedad que espera una justicia más accesible y confiable.