Este día, diversos medios de comunicación informaron sobre el bloqueo administrativo de cuentas bancarias en México, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este bloqueo fue implementado luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a 22 personas y empresas en territorio mexicano, presuntamente vinculadas con la facción de un Cártel de Sinaloa.

Entre los individuos destacados por la OFAC se encuentra la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California. La inclusión de Brown Figueredo en esta lista ha causado un fuerte revuelo en la política local y nacional, dado su perfil público y su cercanía al partido en el poder.

Ante el anuncio, los legisladores de distintos partidos han reaccionado y expresado sus opiniones sobre la situación. El diputado local por Morena, Juan Manuel Molina García, comentó que, como parte de la Legislatura, su responsabilidad es coordinarse con los gobiernos locales y con las autoridades judiciales en estos casos. Aseguró que, como abogado, debe esperar información oficial de las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República (FGR), para conocer los detalles sobre las posibles repercusiones en México.

“Lo que nosotros conocemos es lo mismo que ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación, no hay información directa de las autoridades mexicanas”, señaló Molina García en entrevista. Además, reiteró que cualquier decisión relacionada con la diputación de Hilda Araceli Brown sería un tema que solo ella podría resolver, subrayando que las investigaciones son de oficio y, si hay acuerdos internacionales, las autoridades correspondientes deberían emitir algún pronunciamiento al respecto.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Diego Echevarría Ibarra, ofreció una postura más crítica hacia Morena. En sus declaraciones, acusó al gobierno de Estados Unidos de poner al descubierto las presuntas vinculaciones entre funcionarios del partido en el poder y el crimen organizado. Echeverría Ibarra subrayó que la exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, Hilda Araceli Brown, es señalada en los documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con una célula del Cártel de Sinaloa, la cual, según él, tiene influencia sobre varias áreas de Baja California.

“Lo que el gobierno de Estados Unidos ha evidenciado es solo un reflejo de la corrupción que existe dentro de Morena y su colusión con el crimen organizado. Es un tema que confirma lo que muchos hemos dicho durante años: el partido que hoy gobierna México tiene serias implicaciones con grupos delictivos”, expresó el diputado panista.

Hasta el momento, Hilda Araceli Brown Figueredo emitió un mensaje en su red social, donde alude su honestidad y buen desempeño, negando que sus cuentas hayan sido canceladas. “Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital de San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral”, señaló.

Brown Figueredo fue alcaldesa de Playas de Rosarito en dos ocasiones y en la actualidad ocupa una curul en la Cámara de Diputados. Su nombre ha sido mencionado en diversas ocasiones en los medios locales debido a su cercanía con el gobierno del estado y su participación en la política regional.

La noticia ha generado gran preocupación en Baja California, una entidad federativa que ha sido uno de los puntos neurálgicos del narcotráfico en México, especialmente en lo que respecta a las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente las acusaciones, el hecho de que la OFAC haya incluido a una diputada federal en su lista de sancionados pone en evidencia el posible alcance de las redes de corrupción y crimen organizado en la región.

La vinculación de figuras políticas con el crimen organizado en Baja California no es nueva. Desde hace años, se ha hablado de la presencia del Cártel de Sinaloa en la región, un grupo que, según autoridades estadounidenses, ha mantenido el control de diversas actividades ilícitas en el noroeste de México. Sin embargo, la acusación de que funcionarios del gobierno mexicano pudieran estar coludidos con estas células delictivas eleva el nivel de preocupación sobre la penetración del crimen en las instituciones políticas.

Con el bloqueo de cuentas bancarias en México y la sanción internacional a 22 personas y empresas, las autoridades mexicanas podrían enfrentar presiones adicionales para esclarecer los hechos. La UIF, en coordinación con la SHCP, podría tomar nuevas medidas para frenar la circulación de recursos provenientes de actividades ilícitas. Además, la Fiscalía General de la República podría iniciar investigaciones más profundas sobre los presuntos vínculos entre la diputada Hilda Araceli Brown y el crimen organizado.