La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en su lista de sanciones por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, lo que ha generado una solicitud formal de colaboración al gobierno mexicano, que hasta el momento ha declinado actuar por falta de evidencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por la OFAC, las sanciones se dirigen contra una red operativa del crimen organizado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. El organismo estadounidense señala a Brown Figueredo, quien fue dos veces alcaldesa de ese municipio y ahora es legisladora federal, como presunta facilitadora del grupo delictivo.

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La OFAC alega que, durante sus gestiones al frente de la alcaldía, la ahora diputada habría utilizado su cargo para permitir las actividades delictivas del cártel, incluyendo el presunto control de áreas del gobierno municipal y el nombramiento de aliados en puestos de alto nivel.

Los cuestionamientos públicos hacia Brown Figueredo no son nuevos. En 2024 y en ocasiones anteriores, fueron colocadas narcomantas en Rosarito que la señalaban a ella y a su cuerpo de policía municipal de mantener vínculos con el crimen organizado. Durante su mandato como alcaldesa, también se registraron homicidios de elementos policiacos presuntamente vinculados con grupos delictivos.

Ante el caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en su conferencia matutina de este viernes que el gobierno mexicano recibió una solicitud de colaboración de las autoridades estadounidenses para investigar a la diputada.

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“El Gobierno de México recibió en días pasados la solicitud por parte de la OFAC para trabajar este caso, sin embargo, no presentó pruebas suficientes que hicieran suponer al Gobierno de México sobre el supuesto vínculo de Brown con el crimen organizado”, declaró la mandataria.

Por su parte, la diputada Brown Figueredo se defendió de los señalamientos a través de sus redes sociales —las cuales fueron desactivadas posteriormente—. En sus publicaciones, negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana le hubiera bloqueado sus cuentas bancarias y afirmó que el pasado domingo cruzó sin inconvenientes la frontera hacia San Diego, California, lo que implica que no estaba sujeta a una restricción de movimiento por parte de México.

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El caso se encuentra en un punto de espera. La OFAC no ha hecho públicas las pruebas que sustentan sus acusaciones más allá de la ficha de sanción, por lo que la profundidad de los señalamientos se espera se aclare en los próximos meses.

Una incógnita pendiente es si la diputada Brown Figueredo solicitará una licencia en la Cámara de Diputados para enfrentar el proceso legal y dedicarse a su defensa. La situación plantea un nuevo episodio de coordinación y diferencias en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.