Los ataques armados registrados en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) son, para el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Edgardo Flores Campbell, un claro mensaje de represalia del crimen organizado.

A pesar de que no se reportaron personas lesionadas, el dirigente considera que los hechos no pueden verse como aislados y advierte que se trata de una muestra del poder que las organizaciones criminales han alcanzado en la entidad.

Flores Campbell recordó que Tijuana ha sido, históricamente, un punto estratégico para el contrabando y el crimen, desde la época de la prohibición de alcohol en los años 20, cuando ya existían túneles para el tráfico de whisky. Hoy, dijo, la situación se agrava con la irrupción de drogas sintéticas como el fentanilo, lo que ha empujado a las mafias a diversificar sus actividades hacia la extorsión, el cobro de piso, el huachicol y, especialmente, el blanqueo de capitales.

En este contexto, subrayó que varias estructuras gubernamentales, instituciones públicas e incluso privadas han sido permeadas por el crimen organizado, lo que permite la expansión de estas actividades ilícitas. 

Además, señaló que la reciente atención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre empresarios de aparente honorabilidad en Tijuana refleja una nueva fase de escrutinio internacional sobre posibles redes de lavado de dinero.

Flores Campbell sostuvo que, aunque no existan pruebas concluyentes en todos los casos, el “encadenamiento lógico de circunstancias” despierta sospechas fundadas y ha llevado al gobierno estadounidense a tomar medidas como la cancelación de visas o la apertura de investigaciones. 

A su juicio, la falta de contrapesos en México obliga a que sea la autoridad norteamericana la que impulse procesos de inteligencia financiera y la revisión de compañías fantasma.

Finalmente, advirtió que gran parte del problema de inseguridad en Baja California es consecuencia directa de la corrupción y la impunidad. 

Por ello, instó a que las acciones de las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, sean contundentes y logren que los responsables enfrenten la justicia, para romper de una vez con el ciclo de violencia que azota a la región.