Fue en la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana, donde se llevó a cabo un foro titulado “Argumentos jurídicos respecto de la prohibición de la tauromaquia, pros y contras”, donde dos reconocidos abogados presentaron visiones opuestas sobre la continuidad o prohibición de las corridas de toros en México y principalmente en la ciudad y el estado.

El abogado constitucionalista Ricardo Esteban Zurita López defendió la legitimidad de la tauromaquia, argumentando que la práctica se encuentra respaldada por principios jurídicos y derechos humanos, además de estar profundamente arraigada en la historia y la cultura. Por otro lado, el abogado animalista Frank Ortiz González sostuvo que las corridas de toros son ilegales al contravenir la Constitución mexicana, las leyes federales y los tratados internacionales de protección animal.

Zurita López inició su intervención aclarando que su posición no buscaba ofender, sino sustentar jurídicamente la legalidad de la tauromaquia. Señaló que el principio de derecho establece que “lo que no está prohibido, está permitido”, por lo que la falta de normas específicas que contemplen la muerte del toro en una corrida no hace ilegal la práctica.

El abogado expuso además que la tauromaquia ha sido fuente de inspiración artística durante siglos, con raíces históricas que datan de más de 3,500 años, y que en México se practica desde hace casi cinco siglos. Argumentó que el toro de lidia es una especie particular cuya crianza obedece a fines culturales y no debe equipararse al ganado común.

En el terreno jurídico, defendió que la tauromaquia está vinculada a siete derechos humanos: la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión artística, el derecho al trabajo, el derecho a la empresa, la cultura y la progresividad de los derechos humanos. Con estos argumentos recordó casos como el de Cataluña, donde una prohibición fue declarada inconstitucional, y enfatizó que “los animales no tienen derechos, solo protección legal conferida por los humanos”.

En contraste, Frank Ortiz González afirmó que la tauromaquia viola directamente el artículo 4º constitucional, que prohíbe el maltrato animal, así como otras disposiciones federales que establecen lineamientos para el sacrificio humanitario, entre ellas la Ley de Sanidad Animal y la Norma Oficial Mexicana 033. Subrayó que ninguna de estas normas reconoce a la tauromaquia como una excepción válida.

El abogado también citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y amparos recientes que sostienen que el derecho a la cultura no puede estar por encima de otros derechos fundamentales, como el respeto a la vida y la protección animal. Asimismo, recalcó que la Constitución de Baja California reconoce a los animales como “seres sintientes y sujetos de especial protección”, lo que refuerza la inconstitucionalidad de esta práctica en el ámbito local.

Ortiz destacó además que más del 70% de la población mexicana está en contra de las corridas de toros, según encuestas nacionales, y que la tauromaquia carece de arraigo suficiente en Tijuana para ser considerada patrimonio cultural. Rebatió también el argumento económico, señalando que las corridas representan empleos eventuales y no un sector productivo esencial.

El foro reflejó la complejidad jurídica, cultural y ética que rodea a la tauromaquia en México. Mientras un sector la considera tradición, arte y derecho legítimo, otro la percibe como una práctica anacrónica, contraria a la dignidad animal y a los principios constitucionales.

El debate en la Casa de la Cultura Jurídica mostró que el tema seguirá siendo motivo de confrontación legal y social, especialmente en Baja California, donde ya existen iniciativas legislativas para prohibir las corridas.