La urgencia de contar con presupuestos de largo plazo para la infraestructura hídrica se ha convertido en una de las principales demandas de académicos y especialistas que participaron en un reciente congreso internacional celebrado en el Instituto Tecnológico de Tijuana. 

Durante su intervención, Delia —una de las ponentes— advirtió que no basta con invertir en la construcción de plantas de tratamiento, sino que se requiere planear su mantenimiento y operación por al menos 15 años, junto con la capacitación de personal y el manejo adecuado de las instalaciones. 

“Si no hay recursos para el mantenimiento anual, la inversión inicial se pierde”, remarcó, al subrayar que la normatividad debe actualizarse para incentivar nuevas tecnologías y dejar de depender de presupuestos sexenales o de una sola administración.

En el mismo foro, se destacó el papel decisivo de las nuevas generaciones. Los jóvenes —aseguró la especialista— ya no solo comprenden la gravedad de la crisis del agua, sino que proponen soluciones innovadoras. Mencionó el ejemplo de estudiantes de maestría que investigan desde hace cuatro años el reuso de agua residual en la planta La Morita, logrando mejorar su calidad con la adición de componentes. 

“Hace tres décadas estas ideas parecían utópicas; hoy los jóvenes preguntan ‘¿qué hacemos?, ¿a dónde vamos?’ y traen propuestas concretas”, enfatizó. Para la ponente, se trata de una señal de que la conciencia ambiental se está consolidando y de que la toma de decisiones debe abrir espacios a esta nueva generación que piensa en términos de innovación y no de paradigmas desactualizados.

Sin embargo, las barreras normativas siguen siendo un obstáculo para que la ciudadanía participe activamente en soluciones locales. Delia relató que en su experiencia, incluso cuando comunidades han querido impulsar centros de acopio o proyectos de aprovechamiento de residuos con beneficio económico, la normatividad vigente no lo permite.

“La gente sí quiere participar, sí le importa, pero muchas veces no la dejan”, advirtió. Por ello, urgió a que las leyes se adecúen para permitir una participación comunitaria real, que complemente el esfuerzo de gobierno y potencie las ideas de la sociedad civil.

El mensaje final del encuentro fue claro: sin financiamiento estable, sin apertura a la innovación juvenil y sin un marco legal que facilite la acción comunitaria, Tijuana no podrá enfrentar con éxito los retos de su futuro hídrico.