Lo que históricamente fue considerado un escudo ciudadano contra abusos de autoridad, el juicio de amparo, podría perder fuerza con la reforma aprobada por el Senado y que ahora se discutirá en la Cámara de Diputados. 

Así lo advirtió el licenciado Hassan Franco, al señalar que los ajustes introducidos favorecen más a las instituciones que a los ciudadanos.

El abogado explicó que, si bien se mantuvo el interés legítimo en su modalidad colectiva —lo que permitirá a grupos u organizaciones promover amparos en defensa de intereses comunes—, otros apartados de la reforma restan herramientas de protección. 

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“Las suspensiones de la UIF no quedaron y las facultades de los jueces que habían intentado recortar, tampoco se van a recuperar. Eso implica que la ciudadanía tendrá menos margen para detener actos de autoridad cuestionables”, señaló.

Uno de los puntos más controvertidos es el de las sanciones. Hasta ahora, si un funcionario desacataba una orden de un juez, debía pagar la multa de su bolsillo. Con la reforma, esa responsabilidad se traslada al erario público.

 “Antes la pagaba el funcionario, ahora la pagará la dependencia. En otras palabras, el costo de la desobediencia lo absorberán los contribuyentes”, enfatizó Franco.

De fondo, el debate no solo es legal sino ético: ¿debe la ciudadanía cubrir con recursos públicos los errores o el desacato de los servidores? Para críticos como Franco, la reforma erosiona el sentido original del amparo como mecanismo de protección frente al abuso de poder, y en cambio fortalece la impunidad administrativa.

El dictamen pasará en los próximos días a la Cámara de Diputados. La discusión promete encender más voces, especialmente de quienes advierten que, bajo el nuevo esquema, al ciudadano le tocará pagar las consecuencias de un Estado que se otorga más margen de acción y menos obligaciones frente a la justicia.