En el marco de una Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Baja California, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó un posicionamiento y una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

Durante su intervención, la legisladora expuso que el objetivo fundamental es garantizar que la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos sea "plena, inclusiva y efectiva". 

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Subrayó la importancia de construir la democracia desde la pluralidad, eliminando barreras y actos de discriminación, y definió a la participación ciudadana como un pilar esencial para que las decisiones colectivas orienten la vida pública.

La iniciativa presentada propone modificar la Constitución Política del Estado para incorporar principios rectores como la accesibilidad, la inclusión, la interculturalidad, la no discriminación y la perspectiva de género en los procesos democráticos. La propuesta busca alinear la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y democracia participativa.

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De acuerdo con la exposición de motivos, la accesibilidad permitiría la participación de personas con discapacidad y adultos mayores, mientras que la inclusión daría voz a sectores históricamente marginados. La interculturalidad garantizaría la participación de comunidades indígenas y migrantes, y la no discriminación protegería a todos los ciudadanos sin distinción de origen, edad, género u orientación sexual. Asimismo, se señaló que la perspectiva de género impulsaría la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Adicionalmente, la reforma busca armonizar la Constitución estatal con la Ley de Participación Ciudadana para fortalecer instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el presupuesto participativo y el parlamento abierto, asegurando condiciones de equidad en su ejercicio.

Para finalizar, la diputada Geraldo Núñez manifestó su confianza en que el Congreso aprobará la propuesta, al considerarla una reforma que coloca a la ciudadanía en el centro de la vida pública y contribuye a la construcción de una democracia más cercana y sensible a la diversidad de Baja California. La iniciativa quedó turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictaminación.