Con la nueva reforma a la Ley de Aguas Nacionales, los concesionarios de este recurso ya no podrían venderlo a los municipios, como actualmente sucede con los usuarios del Distrito de Riego 014, que cada año trasfieren alrededor de 85 millones de metros cúbicos de agua a la zona costa de Baja California, principalmente a Tijuana.

De acuerdo con la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, cuando el agua concesionada no se utilice para fines agrícolas, será la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quien la recupere para su aprovechamiento público, evitando así su comercialización entre particulares.

El precio actual del recurso transferido es de 1.30 pesos por metro cúbico, lo que representa un ingreso de entre 85 y 86 millones de pesos anuales por la venta del volumen hacia la costa.

Al respecto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada desde la federación, destacando la importancia de reconocer al agua como un bien nacional que no debe ser objeto de negocio.

“Tenemos que seguir platicando, pero nosotros apoyamos esta propuesta de ley de la Presidenta. Nos parece muy importante que se respete que el agua es de la nación y no de particulares ni de privados. El agua le pertenece a los ciudadanos”, dijo.

Ávila Olmeda añadió que su gobierno mantiene una coordinación permanente con el Distrito de Riego 014 y con la Secretaría del Agua, con el objetivo de seguir tecnificando el uso del recurso hídrico en Mexicali, sin importar el estado de avance de la reforma.

“Independientemente de que no se haya firmado este convenio, hay un recurso destinado para seguir tecnificando los temas del agua aquí en Mexicali”, puntualizó la mandataria.

Por su parte, el secretario del Agua, Víctor Amador, señaló que todavía no se difunde por completo el contenido de la reforma, pero subrayó que uno de sus puntos centrales es fortalecer el papel del Estado como rector del agua, garantizando el derecho humano al acceso al recurso y estableciendo nuevas sanciones para quienes incumplan la ley.

“Todavía tenemos algunos pendientes porque no se ha difundido todo el contenido de esta ley. Lo importante es que sea el Estado el organismo rector del agua, es un bien nacional y debe garantizarse el derecho humano al agua”, explicó.

El funcionario recordó que el 75% del agua en Baja California se destina a uso agrícola, y que en algunos casos las zonas urbanas se han expandido sobre áreas de riego, lo que ha llevado a que ciudades como Tijuana reciban agua desde Mexicali.

“Lo que se pretende con esta ley es que esos excedentes de agua pasen otra vez a la nación. Una vez aprobada, habrá que definir con el distrito de riego cómo se hará esta transición”, señaló Amador.

El titular del Agua explicó que actualmente las transferencias de volumen se realizan bajo la figura de “transferencia parcial de derechos”, y que con la nueva legislación, estos excedentes tendrían que regresar directamente a la nación.

“Con la modificación al acuerdo nacional del agua, se pretendía recuperar cerca de 100 millones de metros cúbicos que regresarían al Estado, producto de la reducción de pérdidas y del uso más eficiente del recurso”, añadió.

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un cambio estructural en la administración del recurso hídrico en México, al limitar la intermediación privada y priorizar el uso equitativo y sustentable.

En el caso de Baja California, la medida impactaría de manera directa el modelo actual del Distrito de Riego 014, que durante años ha mantenido convenios de suministro con los municipios de la zona costa, bajo esquemas de aprovechamiento del agua no utilizada en la agricultura.