El presidente de la Unión de Comerciantes de Autos, Jorge Macías Jiménez, dio a conocer que el sector automotriz fronterizo sostuvo una reunión con el subsecretario de Economía en la Ciudad de México para solicitar la prórroga del decreto que regula la importación de vehículos usados, el cual está por vencer en las próximas semanas.

Macías Jiménez, quien también funge como vicepresidente de Competitividad de la Zona Frontera Norte en Concanaco, explicó que a la reunión acudieron representantes de los estados fronterizos, así como el secretario de Economía de Baja California, Kurt Honold Morales, quienes coincidieron en la necesidad de que el decreto se extienda sin interrupciones.

“Recibimos una respuesta positiva por parte del subsecretario. Nos dijo que este mismo día abordaría el tema con la presidenta para solicitar que se publique la prórroga lo más pronto posible, a fin de evitar lo que pasó el año pasado, cuando el decreto venció y nos quedamos un tiempo sin poder trabajar”, detalló el líder empresarial.

El dirigente recordó que la falta de continuidad en 2024 provocó un paro de actividades de alrededor de mes y medio, periodo en el que el sector dejó de importar más de mil vehículos en Tijuana.

“Calculando una importación de unos 200 vehículos diarios, hablamos de más de mil unidades que no pudieron ingresarse. Fue un golpe duro porque nos quedamos sin producto para exhibición y se encarecieron los costos por la escasez y los gastos adicionales de importación”, puntualizó.

Macías Jiménez subrayó que el comercio organizado enfrenta actualmente altos costos operativos y que una suspensión temporal del decreto representaría un riesgo económico para cientos de familias que dependen de esta actividad en la frontera.

“Lo que pedimos es que la prórroga se publique a tiempo, que no se repita la historia del año pasado. La falta de certidumbre nos afecta directamente a todos”, enfatizó.

De concretarse la prórroga, el decreto permitiría mantener la regularización e importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos bajo el esquema vigente, contribuyendo a la formalidad del sector y a la recaudación estatal.