En el complejo tablero del crimen organizado que opera en la frontera norte, los narcotúneles y el huachicol fiscal se mantienen como dos de los desafíos más serios para la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó Victorino Porcayo, delegado estatal de la dependencia en Baja California, quien detalló los avances en ambos frentes, al tiempo que destacó la colaboración con autoridades estadounidenses para contener las operaciones ilícitas.

Sobre los narcotúneles detectados recientemente en Tijuana, Porcayo explicó que la FGR realiza labores de taponamiento y sellado parcial para evitar su reutilización. Sin embargo, admitió que rellenar completamente los túneles sería económicamente inviable. “Sí hacemos una labor de taponamiento y avanzamos dentro del túnel para inutilizarlo. Pero llenar un túnel completo con cemento es muy costoso y hasta podría resultar infructuoso”, precisó.

Durante 2025, tres narcotúneles han sido clausurados en Baja California. Aunque algunos presentan derrumbes naturales o inundaciones internas por el paso del tiempo, la Fiscalía teme que antiguas estructuras puedan ser conectadas nuevamente por grupos criminales para traficar droga o personas.

En este contexto, Porcayo reveló que existe coordinación permanente con autoridades de Estados Unidos, que actualmente experimentan con un nuevo tipo de cemento expansivo, ecológico y de bajo costo, diseñado para sellar túneles de manera más eficiente. México, aseguró, ya analiza la posibilidad de importar este material para replicar la técnica del otro lado de la frontera. “Entiendo que este nuevo material se expande dentro del túnel, rellena por completo los espacios y evita su reutilización. Estamos compartiendo experiencias y buscando traerlo a México”, señaló el delegado.

En torno al robo y contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, Porcayo confirmó que hay investigaciones abiertas en Baja California y que forman parte de una estrategia nacional más agresiva contra los grupos que se dedican a esta actividad ilícita.
“Sí hay investigaciones en curso. Es un tema que se atiende todos los días desde el Gabinete de Seguridad Nacional. La FGR está reforzando la persecución de estos delitos con mayor intensidad”, apuntó.

El funcionario reconoció que el número de tomas clandestinas detectadas en municipios como Tecate y Tijuana refleja una mayor visibilidad de las operaciones criminales, pero también una respuesta más decidida del Estado mexicano. “No es que haya más huachicol, sino que ahora se detecta más y se actúa con mayor contundencia”, aclaró.

Porcayo subrayó que Baja California no es un caso aislado, sino parte de una problemática nacional que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha instruido combatir con especial atención, tanto en el huachicol tradicional como en su versión fiscal, vinculada al contrabando y facturación ilegal de combustibles.