Expertas del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México levantan la voz para exigir un viraje en la política migratoria mexicana, esto derivado de un contexto nacional cada vez más complejo, marcado por la militarización de las instituciones y la falta de garantías para las personas migrantes.

Margarita Núñez, coordinadora del programa, subrayó que el principal cambio que debería implementar el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum es alinear las acciones del Estado con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.

“Las autoridades deben actuar desde la protección de los derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Lo que vemos en los hechos es una lógica militar que trata la migración como una amenaza a la seguridad nacional, y no hay evidencia que lo justifique”, señaló Núñez.

La especialista remarcó que esta visión de control y contención ha derivado en prácticas que vulneran los derechos de personas en situación de extrema fragilidad (familias, mujeres y niños) que huyen de la violencia o buscan mejores condiciones de vida.

Por su parte, Samantha Mino, asistente del mismo programa, destacó que las violaciones a los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) no son hechos aislados, sino una práctica sistemática.

“Es algo persistente. Tan solo recordar tragedias como la del incendio en Ciudad Juárez. Ese caso se hizo visible, pero hay muchos otros donde personas han perdido la vida bajo custodia del INM”, lamentó Mino.

Según la investigadora, el Instituto continúa actuando “de manera contraria a la protección de los derechos humanos”, privilegiando la detención, persecución y privación de la libertad sobre el acompañamiento humanitario.

Te puede interesar: Evangelina Moreno impulsa liderazgo femenino indígena en México

Al referirse al panorama en Baja California, Mino reconoció el papel histórico y multicultural de Tijuana como punto de encuentro de diversas nacionalidades, y destacó los esfuerzos locales por brindar hospitalidad y atención especializada a las comunidades migrantes.

“Ha sido un reto importante para las comunidades locales, pero también un ejemplo de solidaridad. Se han creado albergues y mecanismos de apoyo que demuestran que otra forma de atender la migración sí es posible”, afirmó.

El reto, concluyen las expertas, es transitar de una política de contención y seguridad nacional hacia una política de derechos humanos, hospitalidad y acompañamiento real, donde México deje de ver la migración como una amenaza y la asuma como parte de su identidad histórica y humanitaria.