Un juez federal negó la solicitud de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, para desbloquear sus cuentas bancarias, las cuales fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, determinó que la legisladora no presentó evidencia suficiente que acreditara ser la titular de las cuentas bloqueadas en el Banco Mercantil del Norte (Banorte). En su resolución, el magistrado señaló que, al no demostrar siquiera de manera indiciaria algún derecho sobre los fondos, no procedía conceder la medida cautelar solicitada.

Congelan cuentas a diputada Araceli Brown; busca amparo

¿Fue un error de Estados Unidos secretario @OHarfuch ?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su lista de personas bloqueadas a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo y ordenó… pic.twitter.com/hJHdRP8dQD

— José Díaz (@JJDiazMachuca) October 8, 2025

La UIF incluyó a Brown Figueredo en su lista de personas bloqueadas tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan con actividades de la delincuencia organizada, específicamente con “La Mayiza”, presunta operadora del Cártel de Sinaloa. La diputada interpuso un amparo el 2 de octubre de 2025, buscando ser eliminada de dicha lista y recuperar el acceso a sus recursos.

La decisión judicial mantiene el bloqueo de las cuentas bancarias de la legisladora, quien continúa enfrentando acusaciones de presuntos vínculos con actividades ilícitas. El juez requirió a la UIF entregar un informe sobre el caso en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de multas en caso de incumplimiento.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, durante su periodo como alcaldesa de Rosarito, Baja California, Brown Figueredo habría facilitado el control del ayuntamiento a través de designaciones estratégicas, cobros de extorsión y protección institucional para líderes criminales. Pese a los señalamientos, la diputada ha negado tanto el congelamiento de sus cuentas como la existencia de sanciones por parte del gobierno mexicano.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la UIF tuvo conocimiento de las acusaciones semanas antes, pero que no se contaba con pruebas suficientes para establecer lavado de dinero, por lo que la decisión de sancionar financieramente a la legisladora correspondió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La situación legal de la diputada Brown Figueredo sigue en desarrollo, a la espera de los informes requeridos a la UIF y de posibles recursos legales interpuestos por su defensa.