La escalada de violencia e impunidad en Ensenada ha rebasado todo límite tolerable, por lo que urge un cambio radical en la estrategia de seguridad, sostuvo el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.

Édgar Hernández, titular de ambas representaciones, sostuvo, a través de un posicionamiento, que lo que antes se minimizaba como “ajustes de cuentas entre delincuentes” ha evolucionado a una amenaza directa y sistémica contra la economía formal, la paz social y las instituciones de justicia.

Su posicionamiento lo hizo horas antes de un nuevo hecho de alto impacto en el municipio: el asesinato de seis hombres en un enfrentamiento registrado la madrugada de hoy lunes 13 de octubre sobre la carretera Transpeninsular, en el Ejido Díaz Ordaz, poblado Punta Colonet.

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De acuerdo con Hernández González, la realidad es “innegable y muy grave”, con ejecuciones a plena luz del día de empresarios del sector pesquero y profesionistas de arraigo.

Afirmó que vivimos un “terrorismo económico”, al perpetrarse múltiples incendios intencionales y ataques con bombas Molotov a locales de oficinas, equipo de transporte de cooperativas y restaurantes de mariscos, la mayoría pertenecientes a empresarios con una trayectoria social y laboral reconocida.

Estas conductas encuentran caldo de cultivo ante la impunidad, toda vez que los pocos detenidos se encuentran en los niveles inferiores del organigrama criminal. La impunidad es total, convirtiéndose en un perverso incentivo para que estos eventos se sigan repitiendo. Arrestar a dos sicarios en un estado con mil 200 homicidios al año no inhibe el delito, recalcó.

Para el sector empresarial, la gota que derramó el vaso fue el ataque simultáneo a oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), una de ellas ubicada estratégicamente cerca de instalaciones de la FESC, Guardia Nacional (GN), SEDENA y FGR.

La respuesta de seguridad fue nula, reclamó. La réplica de este evento en Tijuana, donde autoridades de Seguridad y Procuración de Justicia “desaparecieron” por cuatro días y luego informaron de solo tres detenidos, mina cualquier vestigio de confianza.

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Según el propio coordinador de la Comisión de Seguridad al seno del sector empresarial organizado, las autoridades estatales y municipales insisten en mostrar estadísticas donde la incidencia delictiva va a la baja. 

Esta narrativa es insostenible ante la realidad de Ensenada: según el último estudio para 2024, la cifra negra es del 89.9 por ciento en este municipio, mientras nueve de cada diez delitos no se denuncian (o no llegan a la etapa de juicio y castigo).

Los empresarios exigieron a la alcaldesa Claudia Agatón solicitar la intervención inmediata del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que acuda a Ensenada e implemente el cambio de estrategia que se está aplicando a nivel federal, con una visión de coordinación e inteligencia.

Que solicite a las corporaciones estatales y federales ya presentes en el municipio, FGE, FGE, GN, SEDENA, SEMAR implementar acciones realmente disuasivas del delito.

Dejar de lado la complacencia de las estadísticas a la baja y enfrente la realidad de la impunidad sistémica y la violencia desbordada que azota a la comunidad y a la economía.