La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, Mónica Vega, reconoció que el área a su cargo se encuentra rebasada en materia de inspecciones, debido al crecimiento industrial y a la limitada capacidad de personal para supervisar el cumplimiento de las normas ambientales en todo el estado.

Durante una entrevista, Vega explicó que esta situación no es exclusiva del sector ambiental, sino un fenómeno común en todas las áreas de gobierno con funciones de inspección, donde la carga operativa supera los recursos humanos y logísticos disponibles.

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“Todas las áreas que tienen temas de inspección siempre estarán rebasadas. En nuestro caso, la industria crece más rápido que la capacidad para supervisarla. Además, no podemos actuar por oficio; debemos cuidar el debido proceso, lo que vuelve todo más complejo”, señaló.

La funcionaria agregó que a esta limitación se suma la constante violación de sellos de clausura por parte de algunas empresas, lo que obliga a la dependencia a iniciar nuevamente los procedimientos administrativos. Vega recordó que dicha práctica constituye un delito tipificado en el Código Penal, por lo que se da vista inmediata a la Fiscalía del Estado en cada caso.

“Hacemos una inspección y a los dos días nos violan sellos. Es un tema recurrente y grave. Por eso damos vista a la Fiscalía, porque no es una falta administrativa, es un delito”, puntualizó.

Pese a las dificultades, la secretaria destacó que la dependencia ha fortalecido la coordinación con otras instancias de gobierno para dar mayor peso a la supervisión ambiental, equiparándola en importancia con las inspecciones de salud o de carácter hacendario.

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Asimismo, subrayó que las sanciones ambientales actuales son más severas y que, a diferencia de años anteriores, los recursos recaudados por multas se reinvierten directamente en proyectos ecológicos a través del Fondo Ambiental de Baja California, creado por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Antes las multas eran de 25 mil pesos y muchas empresas preferían pagar que regularse. Hoy no hay descuentos: quien viola la ley ambiental debe ser sancionado. Y lo más importante, lo recaudado se queda en temas ambientales; por primera vez no se va a la licuadora”, destacó Vega.

La funcionaria afirmó que el reto inmediato de la Secretaría será reforzar su capacidad de inspección y consolidar la cultura de cumplimiento entre los sectores productivos, para garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable en Baja California.