La suspensión de 97 policías municipales de Playas de Rosarito tras reprobar los exámenes de control y confianza del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) mantiene en tensión a la corporación local. De ellos, 33 agentes podrían ser reevaluados próximamente, tras haber subsanado las observaciones que derivaron en su suspensión, según confirmaron autoridades estatales.

El síndico municipal afirma tener facultades legales para reinstalarlos, la alcaldesa Rocío Adame sostiene que la Secretaría de Seguridad estatal o incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen competencia en el tema, generando así un “empantanamiento administrativo” que ha dejado a decenas de policías fuera del servicio activo por más de seis meses.

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En respuesta, el secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, admitió que la situación en Rosarito “sigue trabada”, pero recalcó que solo el propio C3 puede revertir una evaluación reprobatoria.

“Yo como secretario soy el principal interesado en recuperar lo más pronto posible a los policías que reprueban el C3, porque eso incide directamente en la operatividad de la corporación. Pero la ley es muy clara, ninguna autoridad puede revertir un examen reprobado, salvo el mismo C3 a través de una reevaluación”, explicó Carrillo.

El funcionario detalló que los 33 agentes en proceso de revisión no están vinculados a delitos graves ni a la delincuencia organizada, sino que reprobaron por cuestiones administrativas o subsanables.

“Hay casos de policías que reprobaron por situaciones menores, como inconsistencias en documentos o movimientos financieros sin comprobar, pero que no tienen relación con conductas delictivas. Estamos gestionando que el C3 los reevalúe cuanto antes para que puedan regresar a las calles”, puntualizó.

Carrillo aseguró que ninguno de los suspendidos está actualmente en funciones, y que el proceso busca depurar y recuperar a quienes demuestren haber solventado las irregularidades.

Los policías suspendidos siguen percibiendo su salario, pero no han sido reincorporados al servicio ni dados de baja definitiva, lo que genera un vacío operativo en la corporación municipal.

Las autoridades estatales y municipales coincidieron en que, aunque se están realizando gestiones para reevaluar a los agentes y regularizar su situación, aún no existe una política pública integral ni un protocolo uniforme que defina el procedimiento para estos casos.