Treinta años después de la creación de la Ley de Patrimonio Cultural de Baja California, el tema vuelve al centro de la conversación. La maestra Alma Delia Ábrego, titular de la Secretaría de Cultura estatal, lanzó un llamado a revisar con seriedad el marco legal que protege los bienes históricos y culturales, y a construir una nueva mirada colectiva sobre la importancia de conservarlos.

“En Baja California apenas se están cumpliendo 30 años de la ley de patrimonio, una ley que en su momento fue pionera, pero que durante mucho tiempo nadie atendió. Hoy veo grandes huecos de conocimiento; muchos citan versiones antiguas sin conocer sus actualizaciones. Es momento de ponernos de acuerdo en las reglas del juego”, señaló Ábrego.

La funcionaria subrayó que la armonización con las leyes federales es una tarea urgente. En tres décadas, los cambios nacionales han sido múltiples, mientras que la legislación estatal ha quedado rezagada. “No puedes tener una visión periférica o cosmética del tema. Necesitamos especialistas verdaderos que acompañen este proceso de transformación”, enfatizó.

Sin embargo, más allá del debate jurídico, Ábrego advierte que el reto es cultural y emocional: falta conciencia y orgullo ciudadano hacia el patrimonio. “Muchos edificios importantes están en manos privadas, y hemos visto cómo los destruyen para abrir nuevos negocios. Si se conociera la historia detrás de esos lugares, quizás hasta se aprovecharía como valor añadido. Pero esa conciencia no está”, lamentó.

La titular destacó que Baja California aún está construyendo su propia historia, a diferencia de ciudades del centro o sur del país, donde los monumentos centenarios se asumen como parte del paisaje. “Tijuana, Mexicali, Ensenada… somos ciudades jóvenes. Estamos escribiendo apenas nuestra historia. Y eso nos exige cuidar lo que tenemos”, apuntó.

Ábrego recordó ejemplos emblemáticos como el actual Archivo Histórico del Estado, o los edificios espejo del Hotel Coronado y el Riviera de Ensenada, testigos de una relación binacional.

Finalmente, insistió en que la defensa del patrimonio no puede depender solo de la autoridad:

“Hay que trabajar en la sensibilización, en la conciencia. Actualizar la ley, sí, pero también crear fondos específicos para su cuidado y reconocer el valor de los pueblos originarios, de su herencia y de su voz. Es algo que nos compete a todos: al Estado, a los municipios, a la academia y a los ciudadanos.”

A tres décadas de aquella primera ley, Baja California parece dispuesta a replantear las reglas del juego, con la esperanza de que las próximas generaciones encuentren en su propio territorio los rastros de una historia preservada y compartida.