Con el objetivo de erradicar el matrimonio infantil y la cohabitación forzada en el estado, este miércoles fue presentada ante el Congreso de Baja California una iniciativa ciudadana para homologar la reforma federal que tipifica como delito estas prácticas.

La propuesta fue impulsada por Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Fundación Eufrosina y promotora de la reforma a nivel nacional, quien estuvo acompañada por integrantes de la Red de Mujeres Unidas por Baja California y diversas asociaciones civiles.

Cruz Mendoza subrayó la urgencia de que los congresos locales legislen en favor de las niñas y adolescentes, con el fin de eliminar prácticas que; bajo el amparo de costumbres o usos comunitarios,  perpetúan el abuso y la violencia sexual.

“El que una niña se case a los 12 o 13 años no es cultura, se llama abuso sexual, y por eso era tan importante que México nombre lo que no es una costumbre. Por siglos hemos solapado que las niñas se conviertan en mamás sin tener la capacidad ni la conciencia”, expresó la activista.

La fundadora de la organización enfatizó que el país enfrenta una crisis silenciosa de abuso infantil, donde las cifras oficiales registran más de 36 casos diarios de embarazos en niñas menores de edad, aunque reconoció que las cifras reales podrían ser mucho mayores.

“Somos el segundo país en América Latina y el octavo en el mundo con más casos de niñas que se convierten en madres sin tener la capacidad ni la conciencia. Lo hemos normalizado como sociedad, y eso debe cambiar”, sostuvo Cruz Mendoza.

La iniciativa presentada busca tipificar el matrimonio infantil y la cohabitación forzada como delitos graves, equiparándolos al abuso sexual, y establecer penas de prisión de 8 a 15 años para quienes los cometan. Además, se propone que el delito sea imprescriptible, es decir, que pueda ser denunciado y sancionado sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

“Se tiene que castigar con privación de la libertad a quien lo cometa. Si pertenece a una población indígena o afrodescendiente, la pena aumentará. No se trata de castigar la cultura, sino de proteger a las niñas”, añadió Cruz Mendoza.

Por su parte, el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, confirmó que la propuesta será analizada con prioridad en las comisiones correspondientes.

“El objetivo es fortalecer la legislación que impida y penalice el matrimonio infantil. Se busca que el delito sea imprescriptible y que se establezca una pena de 8 a 15 años de prisión, armonizando así la ley estatal con la legislación federal”, explicó el legislador.

Cruz Mendoza llamó al Congreso de Baja California a discutir y aprobar de forma pronta la iniciativa, recordando que detrás de cada número hay historias de niñas que fueron obligadas a ser esposas y madres sin tener la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo y su futuro.

“Hoy le gritamos a este país que el origen no es destino, que las niñas construirán su historia, que su cuerpo es de ellas y de nadie más”, concluyó.