La diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto ante el pleno de la XXV Legislatura dirigido al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, con el objetivo de atender dos problemáticas que, según su postura, afectan a los ciudadanos: las presuntas extorsiones a microemprendedores y la falta de publicación del reglamento sobre vidrios polarizados.

El punto de acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por las diputaciones, solicita al presidente municipal implementar acciones para erradicar posibles cobros indebidos por parte de inspectores hacia comerciantes en situación vulnerable.

En su intervención desde la tribuna, la legisladora relató que ha sido testigo en su distrito de casos donde “inspectores municipales pretenden cobrar hasta 500 pesos semanales a personas que venden ropa usada afuera de sus casas”. Gilvaja destacó la paradoja de que se intente cobrar a personas cuyas ganancias son mínimas, subrayando que “imagínense lo triste que es ver a personas vulnerables vendiendo en 20, 10, 15 pesos, y enterarte que les quieren cobrar por hacerlo”.

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Argumentó que los microempresarios son un motor económico y que muchos inician en la informalidad, pero que, con el tiempo, suelen regularizarse y brindar seguridad social a sus empleados. Por ello, en lugar de prácticas extorsivas, propuso al Ayuntamiento implementar campañas de orientación, asesoría y acompañamiento para facilitar que estos emprendedores se incorporen a la formalidad.

En un segundo punto, el exhorto se refirió a la demora en la publicación oficial del acuerdo que regula el uso de vidrios polarizados en los vehículos. La diputada señaló que, si bien el Cabildo ya aprobó una reforma para clarificar los derechos de los propietarios, la falta de publicación en el medio oficial impide su aplicación y genera vacíos.

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“El propósito legítimo del polarizado es protegerse de los rayos solares, especialmente en una ciudad como Tijuana, donde los desplazamientos son largos y hay embotellamientos”, explicó Gilvaja. Asimismo, indicó que esta omisión ha creado espacios de discrecionalidad que, según su perspectiva, algunos agentes de tránsito podrían aprovechar para extorsionar a los conductores.

Con la aprobación unánime del exhorto, el Congreso local manifiesta su postura sobre la urgencia de que el Ayuntamiento de Tijuana atienda estas dos situaciones. Corresponde ahora al gobierno municipal dar una respuesta a los señalamientos y a las peticiones formuladas por la legislatura.