Fiscalía Anticorrupción investiga a 170 funcionarios por presunto desvío de más de mil millones de pesos
CALI - BAJA
20-10-2025
Foto: Baja News
Publicado: 20-10-2025 14:36:55 PDT
Actualizado: 20-10-2025 14:37:07 PDT
El fiscal Javier Salas Espinoza confirma audiencias contra exservidores públicos estatales y municipales; también hay exsecretarios de la actual administración señalados
El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California, Javier Salas Espinoza, reveló que existen 170 funcionarios estatales y municipales bajo investigación, con un daño económico estimado superior a mil millones de pesos.
Salas confirmó que 27 casos ya fueron judicializados y que en los próximos días se llevarán a cabo audiencias en Mexicali y Tijuana contra exfuncionarios del Ayuntamiento, algunos de los cuales enfrentan señalamientos por uso ilícito de atribuciones, peculado y ejercicio indebido del servicio público.
“Tenemos audiencias ya señaladas para el 23 y 24 de octubre contra funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana, además de procesos contra servidores públicos del Estado”, detalló el fiscal anticorrupción, al precisar que los montos investigados ascienden a 607 millones 639 mil pesos en el ámbito municipal y 420 millones 848 mil pesos a nivel estatal.
Aunque el fiscal aclaró que no existen investigaciones directas contra el exgobernador Jaime Bonilla, sí confirmó que hay exsecretarios de la actual administración estatal denunciados, lo que eleva la tensión política y administrativa en torno a los procesos.
Hasta el momento, la Fiscalía solo ha logrado una sentencia condenatoria: un exoficial mayor del Gobierno del Estado fue sentenciado a un año y siete meses de prisión, aunque permanece en libertad por tratarse de un delito cuya pena no supera los cinco años.
Las denuncias, explicó Salas, derivan de observaciones presentadas por la Auditoría Superior y los órganos de control correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 a 2024, muchas de ellas formuladas cuando los implicados ya habían dejado el cargo.
El funcionario aseguró que la Fiscalía continuará buscando sentencias condenatorias y que cada imputación dependerá del monto del daño causado, con penas que podrían alcanzar hasta ocho o diez años de prisión, según la gravedad de los casos.
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