Diversos medios de comunicación manifestaron su preocupación ante el reciente cierre de información por parte del Servicio Médico Forense (SEMEFO), medida atribuida al Poder Judicial de Baja California.

Tradicionalmente, los periodistas acudían al SEMEFO para obtener datos técnicos sobre muertes violentas, homicidios, feminicidios, fallecimientos por golpe de calor u otras causas. Además, el propio servicio solía solicitar apoyo a los medios para difundir casos de personas no identificadas, con el fin de evitar que sus cuerpos fueran enviados a la fosa común.

Sin embargo, desde hace algún tiempo el Poder Judicial decidió restringir el acceso a dicha información, impidiendo que los medios; y por consecuencia, la ciudadanía, tengan conocimiento de estos hechos.

Al ser cuestionado sobre esta decisión, el presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, reconoció que el tema compete directamente a su institución, aunque señaló que no existe una restricción formal.

“Sí es un tema de nosotros totalmente, pero es un tema que va en la misma coordinación. Efectivamente no tenemos ninguna restricción, solamente analizamos e hicimos un replanteamiento sobre la participación del SEMEFO en todo tipo de investigaciones. Es por ello que sí podemos dar la información por los conductos indicados, adecuados, en la forma que deben de solicitarse”, expresó.

Fragoso López añadió que, en los casos donde las investigaciones estén a cargo de la Fiscalía, el Poder Judicial debe evitar declaraciones que puedan afectar el curso de las indagatorias.

No obstante, esta postura ha sido interpretada por el gremio periodístico como un retroceso en la transparencia y el acceso a la información pública, ya que el cierre del SEMEFO a los medios limita la difusión de datos de interés social, como las circunstancias de muertes violentas o el paradero de personas fallecidas sin identificar.

En la práctica, la medida adoptada por el Poder Judicial ha reducido la posibilidad de que los ciudadanos conozcan con precisión los hechos que ocurren en sus comunidades, afectando el derecho colectivo a estar informados.