El regidor Pablo Yáñez Plasencia, presidente de la Comisión de Gobernación y Regulación del Cabildo de Tijuana, se pronunció a favor de un trato no equitativo y razonable hacia los distintos tipos de comercio en la ciudad, luego de que se cuestionara la diferencia de criterios en la aplicación de reglamentos entre negocios establecidos y ambulantes.

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Durante la sesión de la Asociación Nacional de Periodistas AC, al edil se le abordó el caso de un pequeño comercio que fue notificado por Tesorería Municipal por no contar con contrato de recolección de basura, situación que —dijo— contrasta con la falta de vigilancia hacia vendedores ambulantes y tianguistas que también generan desechos sin una regulación clara sobre su destino.

“No podemos juzgar igual a los desiguales”, expresó Yáñez Plasencia, al señalar que aunque no se deben exigir los mismos requisitos a un puesto ambulante que a un restaurante formal, sí es necesario que todos cumplan con la reglamentación correspondiente y que exista un acompañamiento institucional en lugar de acciones punitivas.

El regidor destacó además la importancia de la organización entre los pequeños empresarios, señalando que los grupos de comerciantes ambulantes han logrado fuerza e incidencia precisamente por su unión.

 “Muchos negocios establecidos están aislados; si se unieran en un frente común podrían tener más fuerza para pedir una legislación específica y participar en la reglamentación de la ciudad”, indicó.

Yáñez compartió su experiencia personal como residente de la colonia Pancho Villa, donde cada domingo se instala uno de los sobre ruedas más grandes de Tijuana. Reconoció que, pese a los inconvenientes de movilidad, los comerciantes muestran responsabilidad al limpiar y contratar servicios de recolección. 

“Ni mi derecho a la movilidad es más importante que el de ellos a trabajar, ni el de ellos más importante que el mío. Ambos son igual de valiosos”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Regulación reiteró que el Ayuntamiento debe procurar el equilibrio entre el cumplimiento de la normatividad y el respaldo a los sectores productivos, evitando la persecución y promoviendo el diálogo.