En vísperas de la audiencia intermedia de un caso de presunto fraude inmobiliario, el demandante Luis Beilis expresó su esperanza de que los señalados ofrezcan una propuesta de reparación integral por el daño causado, calculado en 95 mil dólares por la compraventa de dos terrenos. Según indicó, este monto representa únicamente el valor de los inmuebles afectados, sin incluir los gastos legales y administrativos que ha tenido que asumir durante el proceso.

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“Lo que esperamos es que se repare el daño total, aunque por ley sólo está denunciado el monto de 95 mil dólares. Para mí, justicia sería recuperar lo que pagué por los terrenos”, señaló Beilis.

El afectado explicó que, en esta audiencia, la parte demandada tendrá su última oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio antes de que el caso avance a juicio oral. De no hacerlo, el proceso continuaría con la presentación de pruebas y podría derivar en una condena de varios años de prisión para la persona imputada.

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El demandante manifestó su inconformidad con la decisión de los jueces que exoneraron a uno de los señalados, a pesar de existir indicios de participación en el delito, según el propio afectado. “Aun con varias denuncias en su contra y con la presentación de identificaciones falsas, el juez determinó que no hubo delito que perseguir. Hay algo raro en esas resoluciones”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la fiscalía ha sostenido la existencia de evidencias suficientes para establecer una coautoría, pero las apelaciones interpuestas no han prosperado.

El demandante aprovechó la entrevista para advertir sobre el incremento de fraudes en el sector inmobiliario de Tijuana y la aparente falta de respuesta por parte de asociaciones y dependencias encargadas de supervisar la actividad.

“No se puede confiar al cien por ciento en lo que dicen los agentes inmobiliarios. El comprador debe investigar directamente en el Registro Público de la Propiedad, en oficinas catastrales o en asociaciones certificadas”, recomendó.

Criticó también la falta de apoyo de instituciones como la Canaco y asociaciones del ramo, a las que asegura haber acudido sin recibir respuesta. “Ni siquiera me quisieron recibir. Entonces, ¿de qué sirve una oficina de asesoría jurídica si no atienden a quien fue víctima de un fraude?”, cuestionó.

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Así también lamentó que muchas víctimas no denuncien por el lento avance de las investigaciones y las trabas burocráticas. “Te piden comprobar cada centavo de dónde salió tu dinero, y si no puedes hacerlo, no te dejan ni denunciar. Hay gente que se cansa, se queda sin recursos y abandona su caso. Eso es justo lo que buscan los defraudadores”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, existen múltiples carpetas de investigación por delitos similares que permanecen detenidas. “Si la fiscalía fuera más ágil y hubiera casos de éxito, más personas se animarían a denunciar”, concluyó.

El caso continúa bajo seguimiento judicial, y se espera que en la audiencia intermedia se determine si habrá un acuerdo de reparación o si el proceso avanzará a juicio oral.