Frente a los juzgados penales de Tijuana reunió a rescatistas, voluntarios y organizaciones civiles que exigieron justicia por el maltrato de ocho perros localizados en la Colonia Obrera y denunciaron un problema estructural que dijeron va más allá de ese episodio puntual. El refugio Patitas Firmes, que es uno de los que encabeza el caso, denunció la falta de acción.

La protesta transcurrió entre testimonios directos de quienes trabajan día a día con animales heridos o abandonados: perros y gatos atropellados, mutilados, con signos de violencia sexual, o en estados de salud críticos que requieren tratamientos costosos. Una de las rescatistas que participaron, describió la acumulación de casos y la incapacidad para afrontarlos sin apoyo: “Hay demasiado abandono de perritos… esterilizar es por donde podríamos empezar”, dijo, y agregó que muchas veces, tras rescatar a un animal, aparecen varios más en malas condiciones.

Los reclamos se centraron la falta de fondos y apoyos para las atenciones veterinarias. Mencionaron el caso vinculado en la ciudad del perrito “Big Boy” para ejemplificar que, aun cuando hay rescates mediáticos, los gastos quedan a cargo de refugios y donantes y no siempre se logra que las autoridades financien el tratamiento ni que los agresores reparen el daño.

“En el rescate de Big Boy… la fiscalía no ha puesto ni un solo peso. La comida y el alimento que recibe es de donaciones”, señalaron, que además explicó la diversidad de actores en el movimiento: organizaciones formales como Patitas Firmes y Cambiando Vidas, y numerosas rescatistas independientes que sostienen contablemente el cuidado de animales con recursos propios.

Varios de los asistentes también alzaron la voz contra la respuesta judicial que perciben como insuficiente. “A los jueces que no sean tan blandos, que sean más empáticos, que se castigue esta gente”, dijo una manifestante durante la concentración, y expresó el cansancio colectivo: “Si no hay justicia, ¿qué nos va a tocar hacer?”

Los rescatistas describieron además la dificultad para integrar a los animales a una familia responsable: muchos no se adaptan a nuevos hogares, regresan a las calles o son devueltos; mientras tanto, los refugios se saturan y no pueden recibir más casos sin líneas claras de apoyo y recursos sostenidos. “No puede seguir rescatando mientras no haya personas con voluntad de adoptar un animalito”, explicó una de las participantes.

Durante la manifestación se pidió explícitamente a jueces, fiscalía y autoridades municipales mayor diligencia en la investigación y sanción del agresor que perpetuó contra estos ocho perros, así como la asignación de recursos para atención veterinaria y programas de prevención como esterilización, campañas de concienciación y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. El reclamo incluyó también la necesidad de un acompañamiento institucional que permita que los rescates no dependan exclusivamente de donaciones y trabajo voluntario.

El caso de los ocho perros en la Colonia Obrera, concentró el llamado público, y las voces en la protesta insistieron en que haya protección legal, presupuesto para atención y políticas públicas que reduzcan el abandono y la violencia contra animales. Los organizadores anunciaron que continuarán dando seguimiento al expediente y que permanecerán vigilantes ante cualquier avance judicial.