La comunidad de peritos de Baja California estalló en inconformidad ante lo que consideran una imposición autoritaria del Poder Judicial del Estado. Durante una reunión virtual celebrada este lunes, con la participación de más de 320 especialistas de diversas áreas y en la que estuvo presente el Consejero Francisco Javier Tenorio Andújar, los peritos acusaron al Poder Judicial de impulsar un reglamento sin consulta y una convocatoria que “vulnera los derechos de los expertos y pone en riesgo la calidad técnica de la justicia”.

El encuentro, realizado de manera virtual, congregó a representantes de las comunidades periciales de todos los partidos judiciales del estado, y contó con la participación del Lic. David Rincón, presidente de FEDABO, así como de dirigentes de distintos colegios profesionales.

Entre los temas abordados destacaron el costo por especialidad señalado como contrario a la Ley de Ingresos estatal, la imposición de un arancel pericial injusto y las fiscalizaciones discrecionales que obligan a los peritos a entregar información cuya administración corresponde al propio Poder Judicial. Los asistentes coincidieron en que estas medidas representan una carga económica y administrativa desproporcionada.

Uno de los puntos más polémicos fue el cobro de $2,224.60 pesos por cada disciplina en la que el perito se registre. “Hay colegas con más de diez cédulas profesionales; este esquema es confiscatorio y excluyente”, señaló uno de los participantes. Se propuso sustituir este modelo por una cuota única, conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado. También se denunció que, aunque los peritos deben cubrir dicho pago para permanecer en el padrón, muchos nunca son designados en procesos judiciales.

Asimismo, se exigió que el Poder Judicial convoque mesas de trabajo para definir un arancel profesional justo, basado en los gastos reales de horas de trabajo, diligencias, viáticos y desplazamientos, tomando como referencia las prácticas del Poder Judicial Federal. Los peritos advirtieron que, sin una regulación equitativa, “se distorsiona el valor del trabajo técnico y se desincentiva la profesionalización”.

Respecto a la fiscalización, el colegio de especialistas manifestó su rechazo a que el Poder Judicial revise información fiscal reservada, proponiendo que la comprobación se limite a un informe anual, presentado únicamente al momento de solicitar la renovación correspondiente.

Al cierre, los participantes acordaron elaborar un pronunciamiento conjunto para exigir la revisión inmediata del Reglamento y la Convocatoria 2026, así como la apertura de un diálogo institucional con el Poder Judicial de Baja California, en el que solicitarán la presencia del Magistrado Presidente.

“El Poder Judicial olvidó que sin peritos no hay justicia técnica”.