La Sindicatura Procuradora de Playas de Rosarito informó que el pasado 22 de octubre de 2025 remitió al Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) un total de 23 resoluciones administrativas correspondientes a elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, luego de concluir los procesos de revisión e investigación de cada expediente.

El síndico procurador Ricardo Alberto Bejarano Núñez detalló que los agentes habían sido observados por presuntas deficiencias en sus evaluaciones de control y confianza; sin embargo, tras agotar las investigaciones, la Sindicatura determinó que los 23 elementos subsanaron satisfactoriamente las observaciones, por lo que se solicitó al C3 actualizar sus resultados a “aprobado” o, en su defecto, realizar una nueva evaluación.

Bejarano Núñez explicó que la Sindicatura actuó en uso de su facultad normativa para resolver asuntos de menor gravedad mediante correctivos disciplinarios, conforme al artículo 43 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja California. 

Agregó que actualmente existen tres procedimientos más en proyecto de resolución, y otros tres serán turnados a la Comisión de Honor y Justicia por no haber subsanado las observaciones requeridas.

El funcionario señaló que desde el 12 de junio de este año la Sindicatura ha remitido 60 expedientes a la Comisión de Honor y Justicia, pero solo unos cuantos han sido resueltos después de varios meses, lo que refleja lentitud en el proceso.

Bejarano subrayó que la actuación del órgano se sustenta en el Artículo 1º Constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

En ese sentido, explicó que las observaciones a los policías fueron de carácter menor, como la falta de documentos o pruebas que posteriormente fueron incorporadas durante la investigación.

“La finalidad de estas acciones es fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones, garantizar procesos justos y mantener la transparencia, legalidad e imparcialidad en la evaluación de los servidores públicos encargados de la seguridad”, puntualizó el síndico.