La abogada especialista en migración, Josefina Orozco, aclaró que los recientes ajustes anunciados por el gobierno de Estados Unidos no corresponden a una nueva ley, sino a una instrucción del presidente Donald Trump dirigida a consulados y embajadas, con el fin de reforzar la revisión médica de quienes buscan residir legalmente en ese país.

Durante su participación en un foro informativo, Orozco explicó que esta medida podría generar dudas o alarma, pero subrayó que las causales de inadmisibilidad médica no han cambiado. “Quiero empezar comentando que este cambio no es una ley en sí; es una instrucción. No quiere decir que si tienes diabetes ya no vas a entrar”, señaló.

De acuerdo con la especialista, el ajuste implica que oficiales consulares revisarán con mayor detalle los casos de solicitantes que presenten sobrepeso, diabetes o enfermedades mentales, a fin de determinar si su condición está bajo control y si no representan un riesgo de convertirse en carga pública para el Estado estadounidense.

Orozco recordó que todas las personas que desean obtener la residencia “obligatoriamente deben pasar por exámenes médicos”, por lo que este proceso no es nuevo. Sin embargo, ahora el oficial podría solicitar evaluaciones adicionales en casos donde observe riesgo o falta de control en la enfermedad.

“¿Qué va a buscar el oficial? Que la persona esté controlada, que tome sus medicamentos, que lleve una dieta adecuada. Y algo muy importante: que tenga una aseguranza médica válida en Estados Unidos”, explicó. Destacó que incluso pólizas contratadas en México pueden ser aceptadas, siempre que tengan cobertura aplicable en territorio estadounidense.

La abogada enfatizó que, ante estos nuevos lineamientos, también cambiará la forma en que los despachos legales preparan a sus clientes: “Si antes nos enfocábamos en documentos y formularios, ahora también tendremos que preguntar: ¿tienes diabetes?, ¿tienes obesidad?, ¿estás controlado?, ¿tienes aseguranza?”.

Finalmente, Orozco reiteró que el objetivo de estas instrucciones es evitar que futuros residentes generen gastos al gobierno estadounidense por falta de control médico o ausencia de cobertura.