El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Mexicali, José Antonio Villa, reiteró su postura en contra del decreto federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, al asegurar que este programa nunca debió existir y hoy continúa generando afectaciones económicas y ambientales para la ciudad.

“El comentario es el mismo que ha sido desde el primer día de inicio de vigencia de este decreto: no tiene que existir”, declaró el líder empresarial, señalando que la medida ha causado un fuerte impacto en la economía local, particularmente en el sector de compra-venta de autos, uno de los rubros más activos dentro de la Cámara.

Afirmó que estos vehículos representan unidades que en Estados Unidos son consideradas “prácticamente basura”, lo que incrementa la contaminación en Mexicali. “Por más que me digan que no, la contaminación es una afectación tremenda aquí en la localidad”, sostuvo.

Villa González explicó que alrededor de 100 mil unidades habrían ingresado bajo este esquema, recordando que el decreto se creó como un programa transitorio para legalizar vehículos en situación irregular. Sin embargo, lamentó que su vigencia se haya extendido repetidamente.

“El plan buscaba legalizar lo que estaba ilegal, o sea, legalizar el contrabando. De inicio dijimos que no debía haber existido. Ahora, ya existió, pero que lo estuvieran prorrogando por tantos años es lo que yo no entiendo”, expresó.

Recordó que originalmente se esperaba que el decreto concluyera en diciembre de 2025, incluso que terminara este mismo año, como había señalado la gobernadora del estado. No obstante, la extensión más reciente amplía la regularización hasta diciembre de 2026, lo que generó inconformidad en el sector empresarial.

“Tenemos una fecha fatal: diciembre del 26. Nosotros habíamos pedido que fuera diciembre del 25. CONCANACO tomó la bandera porque las cámaras de la zona fronteriza ya habíamos advertido la afectación que tuvimos”, recalcó.

El organismo empresarial aseguró que continuará alzando la voz para solicitar al gobierno federal que el programa concluya antes de lo previsto, debido al impacto económico y a los riesgos ambientales que, afirman, enfrenta la región.