Gonzalo Moreno, padre del joven desaparecido Kevin Moreno Ana y fundador de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, denunció la falta de atención del Gobierno estatal y del Congreso local hacia las solicitudes y oficios presentados por familiares de personas desaparecidas.

Moreno informó que este martes entregaron un oficio dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, documento de tres cuartillas en el que solicitan una reunión privada para abordar diversos temas prioritarios. Entre ellos, los avances en la investigación del caso de su hijo Kevin, el caso Shoot, el proceso para la conformación de la Comisión de la Verdad Histórica y la necesidad de adquirir un dron de última generación para fortalecer las labores de búsqueda.

“El segundo paso es asistir al Congreso. Tenemos 25 oficios y tenemos la esperanza de que al menos uno o dos diputados respondan. Sabemos que la mayoría tienen agendas muy propias, pero esperamos romper ese ostracismo”, expresó.

Detalló que este es el quinto oficio entregado a la gobernadora en lo que va de 2025 y que, en total, han presentado 20 documentos desde que inició la administración, sin obtener respuesta alguna.

Moreno lamentó que las autoridades estatales y los legisladores mantengan distancia frente al tema de personas desaparecidas. Aseguró que se trata de un asunto con costo político, pero que, al elegir mantenerse al margen, dejan a las familias buscadoras cargando solas con una responsabilidad que debería compartirse desde las instituciones.

“El tema de los desaparecidos tiene un costo político, tanto el sumarse como el mantenerse al margen. Y ellos han decidido pagar el costo de mantenerse al margen”, afirmó. Señaló que, mientras los diputados asumen causas diversas, la agenda de personas desaparecidas continúa relegada pese a su urgencia social.

Finalmente, Moreno reiteró la exigencia de que se atiendan las solicitudes formales y se otorguen recursos para fortalecer las labores de búsqueda, una tarea que, dijo; no debería recaer únicamente en los padres y colectivos.