El Cabildo de Ensenada aprobó, por mayoría, un convenio que permite al gobierno estatal cobrar las cuentas rezagadas de impuesto predial y obtener un 2.5 por ciento de lo recaudado.

En sesión de Cabildo, la alcaldesa Claudia Agatón dijo que hay alrededor de 180 mil cuentas de predial pendientes de cobrar, 110 mil que normalmente pagaban y este año ya no lo hicieron, mientras que otras 60 mil datan de entre tres y 10 años.

Sostuvo que el Ayuntamiento de Ensenada mantendrán su autonomía porque será este nivel de gobierno quien decida las cuentas que se van a intervenir. Entre los votos a favor estuvo el de la regidora Marcela Valdez, quien afirmó que este acuerdo no vulnera la autonomía, ya que el Ayuntamiento mantendrá la administración, control y toma de decisiones respecto al padrón de contribuyentes, y que solo se afectará el 2.5 por ciento de lo cobrado.

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Raquel Manríquez, también a favor, explicó que con este convenio Ensenada podrá acceder a un programa nacional que otorga recursos extraordinarios a los municipios que formalizan este tipo de acuerdos, por medio de Fortamun.

Al votar en contra, el regidor panista Adrián García dijo que lo que aparenta ser un mecanismo de coordinación administrativa, en realidad transfiere atribuciones al estado de manera ventajosa. Sería mejor exigir coordinación en materia de seguridad pública porque esto parece ser una especie de vendetta, recalcó.

Armando Díaz Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de entregar al estado la hacienda pública municipal, citando el artículo 115 constitucional.

Los términos del convenio representan claudicar a la libertad constitucional, es aceptar que el Ayuntamiento no puede resolver sus problemas por sí mismo o no quiere hacerlo, además de que se condiciona el apoyo financiero a Ensenada quitándole la potestad sobre el cobro del predial, insistió.

Isaías Bertín, del PT, reflexionó que el convenio carece de estudio previo, diagnóstico, análisis financiero y claridad sobre el destino de los recursos, lo que implica pérdida de liquidez inmediata, disminución de ingresos propios, afectación a participaciones federales y posibles comisiones o costos ocultos.

Delegar esta facultad abre riesgos de ejercicio indebido en funciones, daño patrimonial, desvío de recursos o responsabilidades por coalición de servidores públicos, sin dejar de lado que se trata de una presión externa para administrar los recursos desde fuera, razonó.

Para Ana Daniela García, del PRI, el convenio es una violación directa a la autonomía municipal, ya que pretende subordinar el municipio al gobierno del estado. 

La propuesta no surge de una necesidad técnica ni de un análisis profesional, sino de presión política, de caprichos, de venganzas y de un estilo de gobierno que siempre quieres más poder, expuso.

Votaron a favor Claudia Agatón, Marcela Valdez, Raquel Manríquez, Elí Oviedo, Ana Lara Carbajal, Brenda Mendoza, Mónica Primero, Eduardo Vega, Iván Salas, Gandolfo García y Jaquelín Izabal.

PAGARÁN DEUDA CON ISSSTECALI A 20 AÑOS

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz formalizó un acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), con el objetivo de garantizar las jubilaciones y derechos de las y los trabajadores municipales.

La primera edil explicó que la propuesta presentada y avalada por el Cabildo autoriza la celebración de un convenio de pagos, logrando una disminución del adeudo histórico de más de 3 mil millones de pesos a mil 690 millones 111 mil 940 pesos con 60 centavos, correspondiente a cuotas, préstamos a trabajadores y déficit acumulado.

Detalló que este esquema de regularización contempla un plazo de 20 años, con aportaciones mensuales de entre seis y ocho millones de pesos, además del compromiso de cubrir puntualmente el adeudo corriente que se genera cada mes.

Con este convenio, subrayó, se avanza en la solución de una problemática que por años afectó al Municipio de Ensenada, a la vez que se fortalece la capacidad de respuesta en la prestación de servicios públicos para beneficio de la ciudadanía.

La alcaldesa reconoció el acompañamiento del Gobierno del Estado de Baja California y de las autoridades de ISSSTECALI para construir una solución responsable y sostenible, que brinda certeza a ambas instituciones.