El Consejo Agrícola de Baja California advirtió que el dictamen federal de reforma hídrica deja sin regulación funciones operativas indispensables para la agricultura en zonas costeras, donde la sobreexplotación histórica, el abatimiento sostenido y la intrusión salina requieren reglas diferenciadas que no fueron incluidas.

El organismo sostuvo que la reforma no integra elementos mínimos para garantizar la continuidad productiva y la certeza jurídica en regiones agrícolas estratégicas del estado.

Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo, señaló que el dictamen mantiene una estructura normativa que no reconoce las condiciones específicas de acuíferos costeros como Ensenada y San Quintín. Indicó que la ausencia de lineamientos técnicos deja sin marco federal la gestión de volúmenes, la estabilidad de títulos y la operación de pozos, aun cuando estas regiones sostienen una parte destacada de la producción hortícola y agroexportadora nacional.

Solorio Meza advirtió que la reforma no incorpora criterios para las transmisiones provisionales de volúmenes, figura necesaria para productores que enfrentan variaciones climáticas, restricciones temporales o excedentes operativos. Explicó que su omisión impide realizar ajustes entre usuarios, limita la eficiencia en distritos y programas federalizados y deja sin sustento legal actividades que requieren flexibilidad. Según el análisis sectorial, este mecanismo evita desperdicios, garantiza legalidad en los aprovechamientos y permite movilidad del recurso de acuerdo con las condiciones productivas.

El dirigente añadió que el dictamen tampoco integra parámetros para cambios de uso, redistribución, relocalización o reposición de pozos, a pesar de que estas modificaciones forman parte de la operación regular en zonas con sobreexplotación severa. Expuso que eliminar estos derechos restringe la posibilidad de ajustar riegos, rediseñar volúmenes o modificar características técnicas cuando las condiciones ambientales o productivas lo exigen. El documento técnico señala que suprimir estas facultades generaría mayor desregulación y limitaría la capacidad de respuesta de los usuarios ante variaciones de campo.

En materia de prórrogas, Solorio Meza subrayó que la reforma omite la afirmativa ficta, necesaria para evitar rezagos administrativos que puedan dejar sin vigencia los títulos por falta de resolución. Afirmó que los productores requieren certidumbre sobre la continuidad de sus concesiones para planear cultivos de largo ciclo y cumplir contratos de exportación que dependen de volúmenes garantizados. El análisis del sector indica que, sin este mecanismo, el riesgo operativo se amplía debido a posibles afectaciones derivadas del silencio de la autoridad.

Respecto a las sanciones, el Consejo destacó que el dictamen mantiene figuras genéricas que no diferencian entre variaciones autorizadas y cambios indebidos. Solorio Meza advirtió que esta redacción puede generar sanciones incluso cuando existe una solicitud o autorización en trámite. El análisis técnico propone que la legislación establezca con claridad que las sanciones solo procedan cuando las modificaciones ocurren sin autorización expresa de la autoridad del agua, en congruencia con los derechos de los concesionarios a solicitar cambios operativos.

El presidente del organismo agregó que la reforma no contempla disposiciones sobre recarga artificial, obras de control de intrusión salina, uso de agua de mar o desalación, aun cuando estos instrumentos son indispensables en acuíferos costeros. Señaló que la omisión afecta directamente la planificación hídrica multianual requerida en la región noroeste y restringe la capacidad de mitigación frente al avance sostenido de la intrusión.

El Consejo también señaló que el dictamen mantiene amplios márgenes de discrecionalidad en reasignaciones de volúmenes y transmisiones por sucesión, debido a la ausencia de criterios técnicos para evaluar solicitudes en zonas con sobreexplotación severa. Expuso que esta falta de parámetros limita inversiones en tecnificación y dificulta la continuidad de cultivos que requieren estabilidad hídrica certificada.

Solorio Meza sostuvo que la reforma no incorpora mecanismos de verificación técnica independiente para sustentar sanciones o determinar infracciones en mediciones, volúmenes o descargas. Indicó que, sin evaluaciones de campo, la imposición de sanciones puede ocurrir sin evidencia técnica verificable, situación incompatible con la operación de acuíferos costeros donde cada variación requiere diagnósticos específicos.

Puntualizó que el dictamen ignora la situación crítica de los acuíferos de Ensenada y San Quintín, ambos clasificados desde hace años como sobreexplotados y con procesos activos de intrusión salina. Señaló que, al no integrar reglas diferenciadas para estas regiones, la reforma limita la capacidad de planear ciclos agrícolas, afecta contratos vigentes y reduce la competitividad exportadora del estado.